3 de agosto de 2026
SANTA CRUZ
Los desafíos que enfrenta Vidal para lograr consensos en sus proyectos legislativos
Con varias emergencias todavía vigentes y nuevos proyectos trabados en la Legislatura, el oficialismo atraviesa una etapa de mayor dificultad para reunir mayorías. La caída de la emergencia económica, el freno al endeudamiento y el reciente traspié de la emergencia habitacional exponen un escenario político distinto al del inicio de la gestión
Las leyes de emergencia fueron, desde el inicio de la gestión de Claudio Vidal, una de las principales herramientas para administrar la provincia. A través de ellas, el Ejecutivo obtuvo facultades extraordinarias para reasignar partidas presupuestarias, agilizar contrataciones, celebrar convenios y ejecutar recursos con mayor flexibilidad frente a distintas crisis sectoriales.
Sin embargo, a casi tres años de gobierno, ese esquema comienza a mostrar límites políticos. Aunque varias de esas emergencias siguen vigentes, el oficialismo ya no consigue con la misma facilidad los consensos legislativos que le permitieron avanzar durante 2024 y buena parte de 2025.
Hoy permanecen vigentes la Emergencia Hídrica (Ley 3994) y la Emergencia Comercial (Ley 3996), ambas sancionadas este año, mientras que la Emergencia Hidrocarburífera (Ley 3914) fue prorrogada por decreto ad referéndum hasta el 20 de septiembre de 2026, a la espera de una definición legislativa.
En términos administrativos, declarar una emergencia modifica sustancialmente la forma de ejecutar el presupuesto provincial. Le permite al Ejecutivo reasignar partidas sin necesidad de una nueva ley, avanzar con contrataciones directas, simplificar procedimientos administrativos y acelerar la ejecución de fondos destinados a situaciones consideradas críticas.
Ese mecanismo fue una constante durante la gestión Vidal y reflejó tanto la complejidad de los problemas estructurales que atraviesa Santa Cruz como la fortaleza parlamentaria que el oficialismo supo construir durante buena parte de su mandato.
El primer golpe llegó en marzo, cuando el Gobierno impulsó la Ley de Emergencia Económica, Financiera y Administrativa.
La iniciativa buscaba reorganizar el gasto público, limitar aumentos salariales y avanzar con un esquema de jubilaciones anticipadas. Sin embargo, una multitudinaria protesta encabezada por ATE, ADOSAC y el resto del Frente Sindical impidió que la Cámara pudiera tratar el proyecto.
La presión social terminó provocando una decisión que en su momento fue llamativa: el propio bloque oficialista resolvió devolver la iniciativa al Poder Ejecutivo para rearmar, barajar y dar de nuevo. Aunque luego se anunció una mesa de diálogo con los gremios, el proyecto nunca volvió a recuperar estado parlamentario.
El Ejecutivo intentó aprobar la denominada Ley de Financiamiento Estratégico, mediante la cual buscaba autorización para tomar deuda externa por hasta 600 millones de dólares.
A diferencia de las emergencias, esa iniciativa requería una mayoría especial de dos tercios (16 votos) un número imposible para un oficialismo que cuenta con diez bancas propias.
El proyecto quedó estancado en comisiones y además dejó expuesta una fisura política inesperada: varios intendentes que integran el frente electoral de Vidal firmaron junto a dirigentes vinculados al kirchnerismo un documento cuestionando la posibilidad de endeudar a la provincia.
A fines del julio pasado, la Cámara sesionó de manera extraordinaria para debatir la iniciativa impulsada por el oficialismo, que proponía declarar la emergencia por dos años en todo el territorio provincial. Sin embargo, los cuestionamientos por la falta de información estadística, las dudas sobre la utilización de los fondos FONAVI y la ausencia de consensos derivaron el proyecto a seis comisiones, donde continuará su análisis.
Mientras algunos proyectos encuentran dificultades para avanzar, otras emergencias continúan en marcha. La más reciente es la Emergencia Comercial, Industrial y PyME, sancionada en febrero mediante la Ley 3996.
La norma busca aliviar la situación de comercios, industrias y pequeñas empresas afectadas por la caída de la actividad económica. Entre otras medidas, suspendió las ejecuciones fiscales impulsadas por la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos e instruyó a las empresas estatales a implementar planes de pago con reducción de intereses.
En diálogo con La Tecla Patagonia, el diputado provincial Piero Boffi, del bloque Santa Cruz Adelante, consideró que el cambio en el escenario legislativo responde principalmente a una menor capacidad de diálogo entre el Ejecutivo y la Cámara.
"Desde el inicio del año hubo muchas falencias en la comunicación. La falta de diálogo y de consensos fue generando dificultades para construir acuerdos que permitieran avanzar con distintas iniciativas", señaló.
El legislador recordó que durante el comienzo de la gestión existía un bloque oficialista más consolidado y prioridades urgentes que facilitaron la aprobación de las primeras emergencias.
"Hoy existen nuevas miradas dentro del oficialismo que no siempre logran el acompañamiento de una parte de la Legislatura, y eso hace que la construcción de mayorías requiera mucho más diálogo, consenso y trabajo político", afirmó.
Respecto de la Emergencia Hídrica, sostuvo que algunas de las facultades otorgadas sí permitieron avanzar en obras concretas, como la provisión de agua para el sector de los 500 lotes y el recambio de 12 kilómetros del acueducto entre Comandante Luis Piedra Buena y Puerto San Julián.
Sin embargo, advirtió que esas herramientas excepcionales deben tener un horizonte claro a perseguir.
"Una emergencia no puede transformarse en un estado permanente: las facultades extraordinarias deben traducirse en soluciones verificables, con planificación, control y rendición de cuentas", planteó.
Desde la oposición, el exgobernador y actual diputado Daniel Peralta también marcó diferencias con la estrategia del Ejecutivo.
En declaraciones a La Tecla Patagonia, recordó que su bloque acompañó prácticamente todas las emergencias promovidas por Vidal, con excepción de la económica.
"Le aprobamos todas las emergencias, salvo la emergencia económica que quisieron poner y que ni siquiera tomó estado parlamentario. Fue un papelón porque, por la presión de los sindicatos y por la negativa nuestra a tratarla, el mismo bloque oficialista terminó devolviendo el proyecto al Ejecutivo", sostuvo.
Para Peralta, el oficialismo atraviesa un desgaste en su capacidad de negociación.
"Claramente hay una merma en la capacidad de construir consensos, no solo en la Cámara sino con los distintos sectores de la sociedad", afirmó.
También cuestionó la reiteración de este tipo de instrumentos. "Vivir de emergencia en emergencia a casi tres años de gestión no es saludable para ningún gobierno", señaló.
En relación con la emergencia hidrocarburífera, consideró que los resultados obtenidos hasta el momento fueron limitados. “No sostuvo el empleo y tampoco aumentó significativamente la producción, por lo que no me parece que haya tenido el efecto que buscaba",afirmó.
Al pasar la gestión del actual gobernador, el panorama legislativo parece haber cambiado. Si durante el primer tramo de la gestión Vidal las herramientas excepcionales avanzaban con relativa facilidad, hoy cada nuevo proyecto obliga al oficialismo a negociar voto por voto en una Legislatura donde los consensos ya no aparecen con la misma rapidez.