10 de agosto de 2026
COPARTICIPACION
Fondos municipales en disputa: el conflicto previsional de Santa Cruz llega al Congreso
La diputada nacional Moira Lanesan Sancho presentó un proyecto para pedir que la Provincia no retenga fondos municipales mientras la Justicia define la constitucionalidad del mecanismo
La disputa entre el Gobierno de Santa Cruz y los municipios por las deudas previsionales con la Caja de Previsión Social (CPS) incorporó ahora una instancia en el Congreso de la Nación. La diputada nacional Moira Lanesan Sancho, de Unión por la Patria, presentó un proyecto de resolución para que la Cámara de Diputados se pronuncie sobre el mecanismo que permite a la Provincia reclamar deudas previsionales mediante la retención de fondos coparticipables.
La iniciativa busca que el Poder Ejecutivo santacruceño se abstenga de avanzar sobre los recursos correspondientes a los municipios mientras el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no resuelva de manera definitiva la acción de inconstitucionalidad presentada por la Municipalidad de Río Gallegos contra el artículo 22 de la Ley Provincial 1.782.
El planteo legislativo llega después de que el máximo tribunal provincial dejara sin efecto, el 7 de julio, la medida cautelar que había impedido temporalmente la aplicación de ese artículo. La resolución judicial volvió a dejar operativo el mecanismo que habilita a la CPS a solicitar la retención de recursos coparticipables para cobrar obligaciones previsionales, aunque el TSJ aclaró que esa decisión no representa un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo.
La discusión sobre la constitucionalidad de la norma continúa, por lo tanto, abierta. Además, hasta el momento de la presentación del proyecto, el Gobierno provincial no había aplicado retenciones sobre la coparticipación de ningún municipio.
En su iniciativa, Lanesan Sancho plantea que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo provincial a no utilizar ese mecanismo mientras permanezca pendiente la sentencia definitiva. La legisladora también propone avanzar hacia una salida que contemple tanto la situación financiera de la Caja de Previsión Social como la autonomía económica y financiera de los gobiernos municipales.
El conflicto tiene un alcance que excede a Río Gallegos. Según los fundamentos del proyecto, las obligaciones previsionales entre la Provincia y los municipios constituyen una problemática que se arrastra desde hace décadas y alcanza al conjunto de las administraciones locales y comisiones de fomento. Como antecedente, la diputada menciona la Ley Provincial 2.263, sancionada en 1991, que ya contemplaba mecanismos para verificar y consolidar este tipo de deudas.
Uno de los principales cuestionamientos de la iniciativa apunta precisamente a la forma en que se pretende resolver una problemática de larga data. La legisladora considera que una eventual retención unilateral sobre los fondos de un municipio no debería utilizarse como mecanismo aislado para afrontar una deuda que tiene antecedentes históricos y que involucra a distintas administraciones municipales.
El proyecto sostiene además que el conflicto debe abordarse mediante una solución de carácter estructural que permita compatibilizar el financiamiento del sistema previsional con el derecho de los municipios sobre los recursos que reciben por coparticipación.
El planteo de la diputada se produce luego de que el Gobierno provincial convocara a los municipios a discutir la situación generada tras el fallo del TSJ. En esas reuniones, los intendentes no solo analizaron las obligaciones que mantienen con la CPS, sino que también plantearon la existencia de acreencias municipales frente al Estado provincial y la posibilidad de avanzar en mecanismos de compensación.
La iniciativa presentada en el Congreso propone comunicar la resolución al Ejecutivo de Santa Cruz, al Tribunal Superior de Justicia, a la Municipalidad de Río Gallegos y al resto de los municipios y comisiones de fomento de la provincia.