20 de agosto de 2026
NEUQUEN
La Justicia dio vuelta el fallo por la causa planes sociales y podrían aumentar las penas
El Tribunal de Impugnación resolvió por unanimidad que los 12 condenados por la administración fraudulenta también deberán responder por asociación ilícita. La decisión habilita un nuevo juicio de cesura y podría derivar en penas más altas, mientras el Gobierno provincial había reclamado desde el inicio una mayor sanción
La causa por la millonaria estafa con planes sociales en Neuquén tuvo un giro clave. El Tribunal de Impugnación, integrado por Federico Sommer, Liliana Deiub y Mauricio Macagno, revocó por unanimidad la absolución por el delito de asociación ilícita y confirmó la responsabilidad de los 12 condenados por administración fraudulenta agravada.
Con esta decisión, la causa deberá volver a un Tribunal Colegiado para realizar una nueva audiencia de cesura, instancia en la que se determinarán las penas correspondientes a cada uno de los acusados teniendo en cuenta ahora los dos delitos.
La sentencia original había sido dictada el 23 de septiembre de 2025 por los jueces Juan Manuel Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla. En aquella oportunidad, el tribunal había considerado probada la maniobra de desvío de fondos destinados a subsidios por desocupación laboral y había condenado a los acusados por administración fraudulenta agravada, pero los había absuelto por asociación ilícita al considerar que existían dudas suficientes.
A partir de ese fallo se habían impuesto penas de entre 3 y 5 años de prisión, de acuerdo con el grado de participación atribuido a cada integrante de la maniobra.
La decisión fue apelada por el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal Juan Narváez, y por la Fiscalía de Estado, a cargo de Gustavo Kohon. Ambas partes sostuvieron que no se trató simplemente de una defraudación aislada, sino de una estructura organizada para perjudicar al Estado.
La acusación planteó que detrás del desvío de fondos existió una organización con estructura, permanencia en el tiempo y reparto de funciones entre sus integrantes. Esa interpretación fue finalmente recogida por el Tribunal de Impugnación, que modificó la calificación y consideró acreditada la asociación ilícita.
El cambio tiene una consecuencia directa sobre las penas. Mientras la administración fraudulenta contempla un marco de entre 2 y 6 años de prisión, la incorporación de la asociación ilícita eleva el rango previsto a 4 a 10 años.
Por eso, el nuevo juicio de cesura será determinante. El tribunal deberá establecer qué pena corresponde a cada uno de los 12 condenados, considerando la participación que tuvo cada uno en los hechos.
Los acusados son Orlando Abel Di Luca, Tomás Siegenthaler, Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sanz, Marcos Osuna, Julieta Oviedo, Luis María Gallo, Alfredo Cury, Laura Reznik, Isabel Montoya, Valeria Honorio y Emanuel Victoria Contreras.
El fallo también representa un respaldo a la postura que había sostenido públicamente el gobernador Rolando Figueroa, quien desde el momento en que se conoció la sentencia original había reclamado que la conducta fuera considerada como asociación ilícita y que los responsables recibieran penas más severas.
Ahora, con la resolución del Tribunal de Impugnación, esa discusión quedó incorporada formalmente al proceso. La próxima instancia será la nueva audiencia de cesura, donde se definirán las penas para los 12 condenados bajo la nueva calificación legal.