20 de agosto de 2026
BLINDAJE
Neuquén busca proteger el 1,3% de su territorio destinado a la producción
La Legislatura comenzó a analizar la iniciativa que busca preservar las superficies bajo riego y drenaje frente al avance urbano, industrial e hidrocarburífero. El Gobierno plantea que dicho suelo será una pieza clave para diversificar la economía provincial después del auge de Vaca Muerta
La Legislatura de Neuquén comenzó a darle tratamiento al proyecto impulsado por el gobernador Rolando Figueroa para establecer un régimen de conservación de las tierras productivas de la provincia. La iniciativa busca poner límites al cambio de uso de los suelos agrícolas y establecer un marco de ordenamiento que permita preservar las áreas bajo riego y drenaje frente al avance de la urbanización, la industria y otras actividades económicas.
El debate se inició en la comisión de Producción, Industria y Comercio, donde funcionarios de la Secretaría de Producción presentaron los fundamentos técnicos del proyecto que Figueroa había incluido entre los ejes de su discurso de apertura del período legislativo, el 1 de marzo.
El secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud, ubicó el objetivo central en la protección de las tierras que cuentan con infraestructura de riego y drenaje. Para el funcionario, la discusión excede la preservación de la actividad agropecuaria actual y está relacionada con la estrategia económica que Neuquén deberá desarrollar cuando el sector hidrocarburífero deje de concentrar buena parte de las expectativas de crecimiento.
La idea del Ejecutivo es que el turismo y la producción agropecuaria tengan un papel cada vez mayor en esa diversificación. Bajo esa mirada, conservar las tierras con capacidad productiva se vuelve relevante incluso cuando actualmente determinados cultivos o explotaciones no atraviesan su mejor momento económico.
Rambeaud puso especial énfasis en que el riego no puede analizarse de manera aislada. El drenaje también resulta indispensable para preservar la calidad del suelo y evitar procesos de salinización. Por ese motivo, el proyecto contempla proteger de manera integral ambas infraestructuras y evitar que modificaciones sobre los terrenos comprometan el funcionamiento de los sistemas que permiten sostener la producción.
Durante la reunión también se expuso la dimensión territorial del problema. La licenciada Cecilia Lutz explicó que el suelo productivo neuquino constituye un recurso limitado y no renovable, cuya disponibilidad se encuentra condicionada por las características áridas de buena parte del territorio provincial.
Uno de los datos que atraviesa la discusión es la reducida superficie irrigada. De acuerdo con la presentación realizada en comisión, apenas el 1,3% del territorio provincial cuenta actualmente con riego. Sobre ese universo limitado se concentra buena parte del potencial agrícola y frutihortícola que el Gobierno pretende preservar.
La situación se vuelve más compleja por la fragmentación de las superficies productivas y el avance de actividades que compiten por el mismo territorio. La expansión hidrocarburífera, los desarrollos inmobiliarios y el crecimiento de las ciudades ejercen presión sobre terrenos que históricamente estuvieron destinados a la producción.
La presentación oficial también reconoció las dificultades económicas que atraviesa actualmente el sector frutícola. Sin embargo, desde el Ejecutivo remarcaron que la baja rentabilidad de determinadas producciones no significa que esas tierras hayan perdido su valor estratégico.
La apuesta oficial es que las inversiones en infraestructura y las políticas de reconversión productiva puedan modificar ese escenario en el futuro. Por eso, uno de los objetivos del proyecto es evitar que una coyuntura económica desfavorable termine provocando un cambio de uso irreversible sobre terrenos que podrían recuperar su capacidad productiva.
La propuesta establece una zonificación específica para ordenar esos espacios. El esquema contempla dos categorías: las denominadas ZP1, consideradas áreas de protección prioritaria y destinadas exclusivamente a usos agropecuarios, y las ZP2, donde existen procesos de transformación previos a la eventual sanción de la ley y sobre las que se busca impedir una profundización del cambio de uso.
En las zonas alcanzadas por el régimen se restringirían los loteos y las urbanizaciones que puedan afectar la capacidad productiva del suelo. También quedarían limitadas las transformaciones destinadas a usos urbanos, industriales, residenciales, turísticos o de servicios.
La propuesta contempla una excepción para las viviendas familiares vinculadas directamente con la explotación productiva, de modo que la protección no impida el funcionamiento de los establecimientos rurales.
El proyecto también plantea que las actividades industriales que necesiten instalarse en la provincia se desarrollen en espacios planificados, como parques industriales y corredores destinados a ese fin, evitando que la expansión de esos sectores avance sobre las áreas irrigadas.
Uno de los argumentos técnicos utilizados durante la reunión fue que una modificación puntual sobre un terreno puede terminar afectando el funcionamiento de un sistema mucho más amplio. La alteración de canales, drenajes o superficies productivas puede generar consecuencias tanto sobre los sectores ubicados aguas arriba como sobre aquellos situados aguas abajo.
Por eso, el Gobierno busca que las decisiones sobre el uso del suelo incorporen desde el comienzo la infraestructura hídrica existente y su impacto sobre el conjunto del sistema productivo.
La iniciativa permanecerá ahora en la comisión legislativa para continuar con su análisis. El debate promete involucrar no solo a los sectores vinculados con la producción, sino también a municipios, desarrolladores, industrias y otros actores que intervienen en el crecimiento territorial de Neuquén.
Detrás de la discusión legislativa aparece una definición más amplia sobre el futuro productivo de la provincia. La expansión de Vaca Muerta convirtió a Neuquén en uno de los principales polos energéticos del país, pero el Ejecutivo pretende evitar que ese crecimiento termine desplazando otras actividades que considera estratégicas para la próxima etapa de desarrollo.