21 de agosto de 2026
CHUBUT
Avanza la causa de sobreprecios en 16 escuelas: buscan llevar a juicio a exfuncionarios
La Justicia quedó a un paso de definir si eleva a juicio la investigación por presuntas maniobras irregulares en la reparación de escuelas de la cordillera. La defensa pidió anular la acusación, mientras la Fiscalía sostiene que detrás de aparentes errores administrativos existió un esquema de direccionamiento de contratos
La causa por los presuntos sobreprecios en obras de mantenimiento de escuelas de la Comarca Andina ingresó en una instancia clave. Tras la audiencia preliminar, la jueza de garantías Karina Breckle se tomó el plazo legal para resolver los planteos presentados por las defensas, una decisión que definirá si el expediente avanza hacia el juicio oral y público.
Cuatro abogados defensores cuestionaron la acusación presentada por el fiscal general Omar Rodríguez y solicitaron su nulidad. Entre los argumentos expuestos señalaron supuestas falencias en la descripción de los hechos atribuidos, en la individualización de las conductas de cada imputado y en la afectación del derecho de defensa.
La Fiscalía rechazó esa interpretación y sostuvo que las objeciones buscan desdibujar hechos que, a su criterio, configuran delitos de corrupción. Durante la audiencia, Rodríguez planteó que las maniobras investigadas no pueden reducirse a simples irregularidades administrativas y afirmó que el caso revela un mecanismo de direccionamiento de contrataciones públicas vinculado a relaciones previas entre funcionarios y proveedores.
La investigación se centra en obras ejecutadas para reparar instalaciones de gas, sanitarios y otras intervenciones en 16 establecimientos educativos de localidades como El Maitén, Cushamen, El Hoyo, Epuyén, Lago Puelo, Cholila y Ñorquinco.
Según la hipótesis fiscal, dos contratistas —Juan Manuel Cottet y Osvaldo Ponce de León— habrían tenido un rol determinante desde el inicio de los expedientes. La acusación sostiene que confeccionaban presupuestos y memorias descriptivas que luego servían de base para las contrataciones, mientras otros oferentes eran invitados a participar de compulsas en las que, presuntamente, ya se sabía que no presentarían propuestas.
Entre las pruebas incorporadas al expediente aparecen conversaciones de WhatsApp secuestradas durante la investigación, donde la Fiscalía afirma haber encontrado intercambios sobre el reparto de obras, la coordinación de presentaciones y la adecuación de documentación para sostener el circuito administrativo.
Uno de los casos más sensibles incluidos en la investigación corresponde a la Escuela Nº 93 de El Maitén, donde en 2022 una intoxicación por monóxido de carbono afectó a estudiantes y personal docente, un episodio que terminó impulsando una denuncia penal durante la gestión provincial anterior.
El expediente involucra a nueve personas, entre ellas siete exfuncionarios públicos: Edgardo Campos, Mónica Martínez Carpio, Maximiliano García, Leonardo Chacón, Claudio Márquez, Gustavo Barauna y Rocío Silva Preciado, además de los dos contratistas investigados.
La acusación les atribuye distintos grados de participación en presuntos delitos de administración fraudulenta continuada, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Las penas solicitadas por la Fiscalía oscilan entre dos y tres años y medio de prisión efectiva, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en los casos correspondientes.
La resolución que deberá dictar la jueza Breckle será determinante para el futuro del expediente: si rechaza los planteos de nulidad, la causa quedará encaminada hacia un juicio que buscará establecer si detrás de las contrataciones existió un esquema deliberado de direccionamiento de obras en establecimientos educativos de la cordillera chubutense.