24 de septiembre de 2026
SANTA CRUZ
Capitales de Emiratos y tierras frente al glaciar: qué decidió Vidal y qué se discute
La Provincia exceptuó una restricción para permitir la venta de una parcela en la Península de Magallanes a ASB Hospitality Calafate SAU, vinculada a capitales de Medio Oriente. El proyecto ya cuenta con Declaración de Impacto Ambiental, pero la Legislatura pidió conocer el expediente completo y sus antecedentes
El Gobierno de Santa Cruz quedó en el centro de una discusión política, ambiental y productiva luego de que se conociera el Decreto 0915/2026, firmado por el gobernador Claudio Vidal, que habilitó de manera excepcional la venta de un inmueble ubicado en la región de Península de Magallanes, frente al glaciar Perito Moreno. La operación involucra a la firma Lacustre del Sud S.A. y a ASB Hospitality Calafate SAU, una sociedad argentina cuyo único accionista es ASB Hospitality LLC, constituida en Emiratos Árabes Unidos.
La norma provincial fue firmada el 1 de septiembre y publicada el 22 de septiembre en el Boletín Oficial. Allí se establece una excepción "por única vez y con carácter estrictamente excepcional" a la restricción prevista por el Decreto 0994/17. La autorización alcanza a la parcela identificada como Fracción G, Matrícula 186 del Departamento III-Lago Argentino, y tiene como destino la implementación del denominado "Master Plan Ecocentro".
El decreto no modifica de manera general el régimen de restricciones sobre los inmuebles alcanzados por la normativa provincial. El propio texto establece que la excepción se limita exclusivamente a la operación y al proyecto incluidos en el expediente CAP-N° 495.894/23, y dispone que no podrá ser utilizada como antecedente ni como criterio automático para futuras solicitudes similares.
La empresa compradora fue constituida en Argentina durante julio de este año. De acuerdo con el aviso societario publicado en el Boletín Oficial nacional, ASB Hospitality Calafate S.A.U. tiene como único accionista a ASB Hospitality LLC, sociedad registrada en Dubai. Su objeto incluye actividades vinculadas con hotelería, turismo, servicios e inversiones inmobiliarias.
ASB Hospitality está vinculada al grupo Albwardy Investment, un conglomerado con sede en Emiratos Árabes Unidos que tiene participación en distintas actividades económicas y una división dedicada al desarrollo y explotación de establecimientos hoteleros. La operación prevista en Santa Cruz representa, por lo tanto, el desembarco de una sociedad vinculada a ese grupo en un proyecto turístico localizado en uno de los principales corredores de acceso al glaciar Perito Moreno.
El Gobierno provincial sostiene en el decreto que el emprendimiento ya cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental aprobada. Al mismo tiempo, la autorización deja expresamente establecido que la ejecución, habilitación y funcionamiento del proyecto deberán ajustarse a la legislación ambiental, territorial y de conservación vigente, además de las restricciones y medidas de mitigación que determinen el Consejo Agrario Provincial y los demás organismos con competencia.
La decisión generó cuestionamientos principalmente en El Calafate, donde sectores vinculados con la actividad turística y referentes que participaron históricamente en la discusión sobre la protección de la Península de Magallanes reclamaron mayor información sobre el emprendimiento. Entre los puntos planteados aparecen las características del proyecto, la superficie que será intervenida, el consumo de agua, el tratamiento de efluentes y residuos, los accesos y el alcance de los estudios ambientales.
Uno de los pronunciamientos fue el de Oscar Bellini, exdiputado por El Calafate y exguardaparque del Parque Nacional Los Glaciares, quien pidió conocer el expediente completo, los planos y los estudios ambientales antes de que avance la iniciativa. Sus cuestionamientos se concentran en el alcance de la excepción otorgada y en las condiciones bajo las cuales se desarrollaría el emprendimiento.
También se expresó la Asociación Civil de Alojamientos Turísticos de El Calafate (ACATEC), que solicitó precisiones sobre la cantidad de unidades y camas, el consumo previsto de agua, el tratamiento de efluentes, la gestión de residuos, los caminos y accesos y la relación del proyecto con el entorno. La entidad sostuvo que no se opone a la inversión privada, pero reclamó conocer sus características y sus efectos sobre el destino turístico.
La controversia llegó este jueves a la Legislatura provincial. Los diputados aprobaron por unanimidad, con 18 legisladores presentes, un pedido para que el Poder Ejecutivo remita el expediente completo y los antecedentes vinculados con el Decreto 915/26. El requerimiento contempla informes técnicos, dictámenes jurídicos, actas, estudios, consultas y demás documentación producida por organismos provinciales.
El pedido surgió a partir de una moción de privilegio presentada por la diputada Agostina Mora Doldán y fue acompañado por legisladores de distintos bloques. Durante el debate se planteó la necesidad de conocer el estudio de impacto ambiental, las características del Master Plan Ecocentro, la identidad de los compradores, el proyecto previsto y su encuadre dentro del Plan de Manejo de la Península de Magallanes.
También quedó bajo atención el papel del Consejo Agrario Provincial. El diputado por El Calafate Carlos Alegría señaló que había solicitado información a ese organismo el 23 de junio y que, según indicó durante la sesión, todavía no había obtenido respuesta. Algunos legisladores plantearon además que el titular del Consejo Agrario, Hugo Garay, concurra a la Cámara para explicar las actuaciones relacionadas con el proyecto, aunque ese pedido no quedó incorporado en la resolución aprobada.
La discusión legislativa no implicó formalmente un rechazo a la inversión privada. El eje del pedido aprobado quedó concentrado en obtener información sobre el procedimiento administrativo, los fundamentos de la excepción y el cumplimiento de las normas ambientales y territoriales aplicables. De esta manera, el decreto pasó de ser una decisión del Poder Ejecutivo a quedar bajo revisión de la Legislatura.
El Gobierno provincial, mientras tanto, no modificó el alcance de la autorización. El decreto establece que la operación inmobiliaria es excepcional y que cualquier avance del emprendimiento deberá ajustarse a las exigencias de los organismos competentes. La documentación que ahora deberá remitir el Ejecutivo permitirá conocer con mayor detalle cuáles fueron los fundamentos técnicos, ambientales y jurídicos considerados para habilitar la transferencia de la parcela.