22 de noviembre de 2016
CODIGO PROCESAL PENAL
Las piezas de la reforma todavía no encajan
La Procuración General planteó que para implementar el nuevo código es necesario modificar la Constitución provincial. La sugerencia tendría un trasfondo político y abrió un fuerte debate
A partir del 1º de marzo de 2017, debería entrar en vigencia la reforma del Código Procesal Penal de Río Negro. Después de cuatro años de trabajo, la procuradora general Silvia Baquero Lazcano y los fiscales emitieron un documento en el que advierten el impedimento de aplicar las modificaciones sin antes separar fiscalías y defensorías por medio de una reforma de la Constitución provincial. El planteo sorprendió a propios y ajenos, y se escuchan voces disonantes. En el marco de la tensa relación que vienen manteniendo el gobernador Alberto Weretilneck y la je-fa de fiscales, no se descarta que la decisión de Baquero Lazcano tenga un trasfondo político. El “operativo presión” sobre la titular del Ministerio Público parece ir dando resultados. En principio, el argumento de la necesidad de una reforma constitucional le allana el camino al mandatario rionegrino, quien hace tiempo contempla la manera de ir en busca de la re-reelección.
El planteo
A tres meses de aplicarse las reformas al Código Procesal Penal, la Procuradora General y los fiscales enviaron una nota a las autoridades de los tres poderes del Estado y a la Comisión interpoderes que las analiza manifestando falta de recursos y de personal para poder implementar las modificaciones. En el documento, explican que “no resulta posible poner en marcha el nuevo modelo procesal sin una reforma constitucional”.
El problema planteado es que, con la reforma, los fiscales tendrán un rol protagónico en la investigación y serán responsables de la defensa. Frente a esto, sostienen que “si un órgano se ocupa de definir las políticas de persecución penal, no puede, simultáneamente, definir las políticas de la defensa pública”, con lo cual consideran que “no están dadas las condiciones” para aplicar la reforma en el tiempo estipulado. Esto se debe a que los fiscales quedarán a la cabeza de las investigaciones, lo que hará que el ejercicio de la acción penal y la puesta en funcionamiento de la persecución del delito requiera de condiciones “imprescindibles” que “hoy no estarían dadas”.
Para ello, entienden que es necesaria una “real y efectiva autonomía funcional y autarquía financiera, esto último en la medida en que se resolviese que el Ministerio Público Fiscal constituyera un órgano intrapoder”, para lo que se necesitaría más personal capacitado, entre otras cuestiones.
Entonces, de acuerdo a “los escasos recursos” y a “la falta de disposición y administración de los mismos”, con los que cuenta el organismo a la fecha, “no resulta factible atender de modo eficaz y adecuado las exigencias que el nuevo Código Procesal Penal pone a su cargo”.
Así, la Procuración fundamentó el motivo por el que se considera que no es posible implementar, en este marco, la reforma. Lo llamativo de la situación es que el planteo haya llegado a sólo tres meses de aplicarse el nuevo Código Procesal Penal, cuando hace cuatro años que viene trabajándose en el mismo. Además, en medio de la fuerte pelea que vienen protagonizando Weretilneck y Baquero Lazcano, las especulaciones no se hicieron esperar. “Evidentemente hay un acuerdo político entre la Procuradora y el Gobernador”, se escucha decir.
Es que los rumores del posible alejamiento de la Jefa de fiscales de su cargo suenan cada vez con más fuerza, con lo cual una salida elegante en un clima tenso puede llegar a tener su precio. La posibilidad de una reforma constitucional le simplificaría el camino al Gobernador rionegrino para acceder a un tercer mandato al frente del Ejecutivo provincial.
El punto es que el tema alzó voces a favor y en contra de lo manifestado por el Ministerio Público. El tema promete un fuerte debate. Mientras tanto, en el Gobierno, anticiparon los festejos de fin de año y ya descorcharon el champagne.
H. LEGUIZAMON PONDAL (C. Magistrados y Funcionarios): No es necesaria una reforma a la Carta Magna provincial
El presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río Negro, Héc-tor Leguizamón Pondal, se refirió a la necesidad de efectuar una modificación de la Carta Orgánica de la Provincia para poder implementar los cambios al Código Procesal Penal.
A diferencia de la problemática expuesta por la Procuración General, consideró que la actual Constitución provincial no significa un obstáculo para poner en práctica las modificaciones al nuevo código. En base a los planteos realizados por los fiscales, el letrado sostuvo que “en este momento, nuestra constitución vigente indica la autonomía del Ministerio Público como parte integrante del Poder Judicial, y en el artículo 218 establece muchas funciones que tiene, y esto viene desde hace 28 años”.
Además, como integrante de la Comisión Interpoderes que trabaja en la implementación de las reformas, Leguizamón Pondal sostuvo, en declaraciones a la prensa, que en las reuniones que se realizaron no existió ningún planteo de este tipo, cuando la comisión “es el ámbito de discusión, no el despacho del Gobernador”.
Además de lo expuesto, señaló que “lo que hay que hacer es cumplir con la ley, como ya dijo el Superior Tribunal de Justicia. No se pueden hacer planteos con distintas opiniones, para eso tenemos una cabeza”.
ANGELA SOZA (Colegio de Abogados de General Roca): Todavía no tomaron
una postura orgánica frente al tema
La presidenta del Colegio de Abogados de General Roca, Angela Sosa, dialogó con La Tecla Patagonia sobre el planteo que realizaron las autoridades del Ministerio Público en base a la necesidad de reformar la Constitución provincial para poder implementar las modificaciones que se vienen trabajando sobre el Código Procesal Penal, que se tendría que llevar a cabo en marzo del año próximo.
Al respecto, Sosa explicó que el Colegio de General Roca todavía no tomó una postura al respecto. Al cierre de esta edición, los colegiados evaluaban la posibilidad de reunirse en la semana para poder brindar una opinión orgánica sobre el tema planteado por los fiscales. En principio, habría tanto opiniones a favor como en contra.
JORGE MANZO (Colegio de Abogados de Viedma): “Lo que la Jefa de fiscales manifiesta tiene un asidero legal”
El presidente del Colegio de Abogados de Viedma, Jorge Manzo, comentó en diálogo con La Tecla Patagonia que, “como colegio, todavía no tomamos una postura institucional. Estamos teniendo comunicación con el resto de los colegios para tratar de fijar una postura y hacer pública la determinación”.
Por eso, en relación a lo expuesto por la Procuración sobre la implementación del nuevo código, el letrado aclaró que su opinión es personal y no institucional.
En esta línea, sostuvo que “lo que plantea ahora la Procuradora pone, podría decirse, un freno a la cuestión”, con lo cual, “para la pureza del sistema, si uno cree que se le tiene que dar independencia a la defensa pública, se podría llegar a implementar a través de una modificación constitucional, para que la Procuradora quede a cargo nada más de lo que es el Ministerio Público. Crear un cargo que se ocupe de la defensa pública como para hacerla independiente, a diferencia de cómo está ahora: la Procuradora a la cabeza tiene la defensoría y el ministerio a la vez. Por eso, lo que la Jefa de fiscales manifiesta tiene un asidero legal”, y continuó, “pero no quisimos intervenir porque, en este momento, tomar una postura era delicado y no correspondía”.
Sobre el motivo por el cual el tema se expuso ahora y no antes, Manzo sostuvo: “No puedo entender por qué ahora o si ya lo planteó en algún otro momento y no se hizo eco. En las reuniones de la Comisión Interpoderes que estuve, no se planteó”.
J. TARIFA (Colegios de Abogados de Alto Valle Oeste - Cipolletti): “La reforma constitucional no es un requisito imprescindible”
El presidente del Colegio de Abogados del Alto Valle Oeste – Cipolletti, Julio Tarifa, manifestó en declaraciones a La Tecla Patagonia su oposición al planteo realizado por la Procuración. “Claramente no estoy de acuerdo. Me parece que la reforma procesal es independiente de una reforma constitucional. De hecho, Neuquén tiene, en algunos aspectos, una Constitución bastante más avanzada que la nuestra y lo implementaron. La Provincia de Buenos Aires también, con lo cual no es necesario una reforma constitucional. Que a futuro se haga y se se-pare el Ministerio Público de la defensa del Ministerio Público de la fiscalía lo comparto, pero hoy no estamos impedidos de implementar el sistema acusatorio si no tenemos esa pretendida reforma de la Constitución, que se está planteando a tres meses de la entrada en vigencia del nuevo sistema. Me parece que lo tendríamos que haber visto antes”.
A su vez, Tarifa añadió que “lo de la reforma constitucional, para nuestro Colegio, no tiene ningún impedimento para que sea instrumentado. Puede que ha-ya algunas otras causas que retrasen o lleven dudas en la implementación del sistema acusatorio a partir del 1° de marzo de 2017, pero la reforma constitucional no es un requisito ni importante ni imprescindible en la actualidad”.
Nota completa en edición Nº 316 de revista La Tecla Patagonia