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Lunes, 21 octubre 2024
Argentina
17 de mayo de 2017
POLEMICO DECRETO

Traiga dólares, llévese recursos

El Presidente firmó el DNU 29/2017, el cual habilita al Ministerio de Finanzas a tomar deuda por 20.000 millones de dólares y a renunciar a la inmunidad soberana en caso de juicio por default

Traiga dólares, llévese recursos
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A pesar del verde paisaje y la pureza del aire, la Patagonia no tiene respiro. Tras el cimbronazo de la quita de los reembolsos a las exportaciones por puertos sureños y la modificación de la ley de extranjerización de tierras, se suma un decreto que pone en alerta a las provincias del sur del país. Se trata del DNU 29/2017, el cual habilita al ministerio de Finanzas a contraer deuda por 20.000 millones de dólares y renunciar a la inmunidad soberana en caso de juicio por default. La ley salvaguarda la integridad de los bienes públicos del Estado, pero no emite palabra respecto de aquellos de dominio privado, entre ellos, los recursos hidrocarburíferas del sur argentino.

En términos judiciales, el DNU protege los bienes incluidos en los artículos 234 y 235 del Código Civil, por consiguiente, no lo hace con aquellos contemplados en el 236. Allí se encuentran los bienes privados del Estado, entre ellos “las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas, sustancias fósiles y toda otra de interés similar, según lo normado por el Código de Minería”. De esta omisión se desprende que los recursos naturales del país y en especial los yacimientos hidrocarburíferos de la Patagonia podrían ser embargados en un hipotético litigio internacional.

“Debe ser derogado inmediatamente. Todo el arco político ha salido a repudiar esta disposición. Estamos ante un hecho de gravedad manifiesta, ya que se pone en real peligro a los recursos de los Estados provinciales, en riesgo de ser ejecutados ante cualquier reclamo judicial o controversia con algún acreedor externo”, expresó a La Tecla Patagonia la senadora nacional rionegrina del Frente Para la Victoria, Silvina García Larraburu. Y agregó que “por un acuerdo monetario no se puede renunciar a la soberanía de nuestros recursos. El valor de lo que se hipoteca está totalmente desfasado del fin perseguido, es ponernos a un paso del colonialismo”.
El decreto también generó polémica por el cruce de jurisdicciones en cuanto a la propiedad de los recursos y si es aplicable en caso de conflicto internacional por falta de pago de deuda. Técnicamente, la reforma constitucional de 1994 otorga la propiedad de los recursos naturales a las provincias, por lo que Nación no podría disponer de ellos para asegurar un préstamo. Al respecto, Larraburu sostuvo que “El decreto es impracticable porque Nación no puede tomar deuda externa con garantías poco claras que afectan bienes de dominio provincial. El gran problema es que, al haber prórroga de jurisdicción, nuestra ley queda a la interpretación de tribunales foráneos que pueden salir con cualquier cosa”.

La palabra de la legisladora se suma a una multitud de voces disonantes, entre ellas la del propio gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, quien adelantó que pedirá una cláusula para proteger los recursos naturales de la provincia.
Este decreto se da en concordancia con otras medidas tomadas por Mauricio Macri, en detrimento de la soberanía nacional. Por caso, es posible citar el DNU 231/2017 por el cual se autoriza al Ministerio de Finanzas a renunciar a la defensa de la inmunidad soberana en casos de toma de deuda que no superen los 3.000 millones de francos suizos. Previo a esto y en vísperas del bicentenario, el Presidente flexibilizó las reglamentaciones vigentes a la compra de tierras por parte de inversiones extranjeras. En limpio: se promueve el traspaso de bienes nacionales a manos foráneas.

Al margen de las interpretaciones de la letra chica del contrato, es claro el mensaje hacia afuera: defender el patrimonio nacional no es prioridad. Lo importante es que llegue la inversión, aún a costa de servir en bandeja la riqueza natural del país. Billetera mata bandera. Y puertas adentro, se marca la cancha. Si la decisión no pasa por el Congreso de la Nación, el poder real en Argentina es unilateral.


Dario Martínez (Diputado Nacional - FPV)

“Pedimos la anulación del decreto”
Acerca del decreto firmado por el Presidente, el Legislador del FpV de Neuquén dijo a este medio que, “ante una imposibilidad de pago de deuda, los recursos naturales y las sociedades del Estado quedan como garantía”

El diputado nacional neuquino por el Frente Para la Victoria, Darío Martínez, afirmó a La Tecla Patagonia que “Pedimos la anulación del decreto y no la derogación, porque eso permitiría que en el transcurso que estuvo vigente haya derechos adquiridos. Eso es puntual porque el Presidente puso de garantía a los recursos naturales. Pero además avancé con un proyecto de ley donde establezco la imposibilidad para cualquier gobierno nacional, provincial y municipal de utilizar los recursos naturales y su producido para obtener deuda. Los recursos no pueden ser usados como garantías para tomar deuda en ningún caso”.
Asimismo, el diputado se refirió a la aplicación concreta de un hipotético embargo y dijo que “La forma en la que tendrían acceso a los recursos de la provincia es porque se quedarían con las acciones de YPF. Desde ese lugar se van a quedar con los yacimientos. Son de la provincia pero están renegociados con YPF. Y las acciones están puestas en garantía. Se van a quedar con la política energética. A su vez, la provincia pone como garantía las regalías. Es el mismo error. No debe hacerse”
Al respecto, profundizó: “Los yacimientos son de la provincia., pero la política hidrocarburífera la dispone YPF. El Estado nacional junto con la provincia son los accionistas mayores de la empresa y si esas acciones quedan en manos extranjeras, ya empiezan a definir políticas. Eso es la explotación de nuestros yacimientos por los próximos 50 años.


Luis Sapag (Diputado Provincial - MPN)
“Es un error lamentable y debe ser corregido”

El diputado provincial del Movimiento Popular Neuquino, Luis Sapag, dialogó con La Tecla Patagonia alertó: “El decreto no es riesgoso por lo que dice, si no por lo que no dice. Al no incluir los recursos naturales, se entiende que podrían ser objeto de embargo en una situación de juicio”. Y agregó: “Los recursos son propiedad de las provincias según la Constitución Nacional. Mal un decreto puede pasar por encima de la Constitución. Sin embargo, en una situación de default podría haber un fiscal o un juez con creatividad, ya vimos como trabajan los buitres”.


Mariano Mansilla (Diputado Provincial FPN-UNE)
“ Es una extranjerización absoluta de los recursos naturales”
El Legislador provincial de la coalición Unión de los Neuquinos-Frente y la Participación Neuquina fue muy crítico con el DNU: “Este decreto abre la puerta a poner de garantía bienes que nos pertenecen a todos”

En diálogo con La Tecla Patagonia, el diputado provincial por la alianza FPN-UNE, Mariano Mansilla, explicó la reacción de su bloque ante el decreto. “En un primer momento creíamos que se habían olvidado de nombrar el artículo 236 del código civil. Que se trataba de un error. Así lo consideramos junto con el gobernador de Neuquén por lo que hicimos gestiones de forma conjunta. Pero a los pocos días de comenzar los contactos con los ministros del gobierno nacional nos confirmaron que no era un error. Justamente Vaca Muerta como cuenca hidrocarburíferas era el respaldo de los créditos que se estaban gestionando por 22.000 millones de pesos en un primer momento y que la gira de Macri por EEUU había sido más con banqueros que con petroleros”.
Mansilla se refirió también a los alcances de lo firmado por el Presidente y dijo que “El decreto es aplicable porque el Presidente de la Nación representa legalmente a los argentinos. Las normas del derecho internacional rigen por sobre la normativa del derecho interno. Nosotros tenemos por la reforma de 1994 de la Constitución Nacional, como provincias la propiedad de los recursos. Pero en el exterior eso no tiene valor. El presidente obliga al país. Después nos puede surgir un derecho de reclamarle a la Nación o al presidente en forma personal, pero la garantía va a tener validez”. Y sentenció: “Nosotros no podemos ser una generación que deje embargados los recursos de otras”.

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