16 de noviembre de 2017
REGION
Para el Gobierno Nacional la energía está de oferta
Un decreto emitido por Mauricio Macri habilita la venta de acciones de empresas energéticas que posee el Estado, de las cuales pretende desprenderse. Cómo afectará la medida a la región
Luego de las elecciones, que le dieron un gran espaldarazo a nivel nacional, el Gobierno comenzó con reformas en las principales áreas de la economía. Una de ellas tiene que ver con la energía, rubro que toca de cerca a las provincias patagónicas, por constituir una de las áreas de mayor desarrollo en el territorio sur.
Es así como, por medio del Decreto 882/2017, el presidente Mauricio Macri encaró algunas modificaciones en el escenario energético nacional. Como primera medida, dispuso la creación de la empresa Integración Energética Argentina S.A., que surge de la fusión de las actuales compañías Energía Argentina S.A. (Enarsa) y Emprendimientos Binacionales S.A. (Ebisa); y, quizás lo más relevante, dispuso la venta de algunos activos del Estado en el sector, que incluyen centrales termoeléctricas ubicadas en Chubut y Santa Cruz, y participación accionaria en una empresa de transporte chubutense.
Concretamente, las centrales que corren peligro de ser vendidas y pasar a manos privadas son las que están bajo la órbita de la empresa Centra-les Térmicas Patagónicas S.A., que se ubican en Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Pico Truncado. En la misma condición quedan las acciones estatales de la empresa Transpa, ubicada en la ciudad de Trelew, que se dedica al transporte de energía eléctrica.
En lo que respecta al resto del territorio nacional, lo que sale a la venta son las centrales de generación eléctrica Manuel Belgrano, José de San Martín, Vuelta de Obligado y Guiller-mo Brown. También habilitó la venta de las acciones estatales en Central Dique S.A., Central Térmica Güemes S.A., Central Puer-to S.A. y Dioxitek S.A.
La medida es el puntapié inicial que da el Gobierno para pasar, a manos privadas, empresas y acciones estatales, con el fin de optimizar su rendimiento. Sin embargo, el Estado se reserva la concesión de retener las empresas de mayor envergadura, tal como lo son, en la región, la Usina termoeléctrica de Río Turbio y las represas santacruceñas, que ahora han vuelto a llamarse Cóndor Cliff y La Barrancosa.
Desde la oposición aseguran que el gradualismo de la medida responde a presiones externas, y apuntan directamente contra el Gobierno chino, que le habría puesto como condición de futuras negociaciones no abandonar el Plan Nuclear Argentino, relanzado por el kirchnerismo, como así también sostener el Plan Energético que se estaba ejecutando hasta 2015.
S. Igón: "Van a privatizar cuantas empresas puedan, esta historia ya la vivimos"
El diputado nacional del Frente para la Victoria, Santiago Igon, advirtió que el decreto 882 del Gobierno nacional “no sorprende” y que “van a privatizar cuantas empresas puedan”.
“Molesta, duele. Hubo mucho sacrificio en Argentina, y todo eso se recuperó con el esfuerzo de to-dos”, señaló el Legislador sobre las acciones en las empresas que el Estado tenía luego de la estatización de las AFJP, y sostuvo que, “con poco y nada, ya están pensando en vender medio país. Pasa con estas empresas, pasa con el fondo de Garantías de sustentabilidad y nos va a ir pasando con otras cosas”.
Para Igon, “esto no sorprende, ellos viven la política de esta manera, una manera empresarial, y no piensan
en lo que significa la soberanía nacional. Tampoco consultan nada”. En ese sentido, advierte que “van a privatizar cuantas empresas puedan, así como están cerrando esta semana, en La Pampa y Buenos Aires, ramales de ferrocarriles. Esta historia ya la vivimos”.
Asimismo, apuntó a que “hay que dejarle la máscara a tanta impunidad para ver lo que son, un gobierno neoliberal que le hace mucho daño a la Argentina”. Igon también se refirió a la otra parte del decreto, donde se les cambia el nombre a las represas: “Nestor y Cepernic ya están en la memoria y en el corazón de muchos argentinos, eso no va a cambiar”.
S. Bermejo: "El Estado debe achicar el déficit"
El decreto de necesidad y urgencia no pasó desapercibido en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados de la Nación. Sixto Bermejo, de Chubut Somos Todos, contó a La Tecla Patagonia que averiguó “especialmente” por la situación del gasoducto cordillerano, que es la mayor preocupación provincial.
“En la posición política al respecto, creo que puede ser una manera de aliviar el costo que tiene el funcionamiento de esas empresas y mejorar su eficiencia. Pero todos sabemos que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones”, explicó el Diputado y Secretario de la Comisión.
Asimismo, adelantó que no se opondrá, en principio, a la medida, y considera que “el Estado nacional debe achicar el déficit fiscal, que impide todo tipo de crecimiento económico. El déficit energético aporta mucho a esa cifra”. “Entendemos que debemos salir de la trampa que es la oposición privado versus estado. Cada acto gubernamental debe ser analizado de manera adecuada y debe cumplir los requisitos que fija la ley. Oponerse ideológicamente, cuando llevamos tantos fracasos encima, me resulta muy de otros tiempos”, sostuvo Bermejo.
F. Bernal (OETEC): "El decreto corona las políticas de extranjerización y privatización"
El director del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo, Federico Bernal, fue muy claro en su análisis sobre el decreto 882 y apuntó a una “reprivatización”.
“El decreto, por supuesto, beneficia lo que ya viene haciendo el Ministerio, o se alinea dentro del espíritu de lo que se hace desde que Mauricio Macri asumió como presidente, y que Juan José Aranguren está en el Ministerio de Energía, que es la desregularización, privatización, extranjerización del sector energético, desplazamiento del Estado de su rol protagónico rector. De esto se trata. El decreto viene a coronar estas políticas”, manifestó Bernal a La Tecla Patagonia.
Aun así, señaló que no es que “se privatizan las centrales; específicamente, se elimina la participación del Estado, que tenía distinto nivel de injerencia en cada una, de lo que fueron las acciones heredadas o transferidas al Estado luego de la nacionalización de las AFJP. Allí estaba el Estado y ahora se lo vuela de un plumazo”. Por otro lado, aclaró que el término adecuado “vendría a ser reprivatización, porque ya eran privadas hasta 2006, con la nacionalización de la AFJP”. Bernal remarcó que, “en cuanto a lo nuclear, se termina con lo propuesto en un decreto de 1996 de privatización de Dioxitek, que es un eslabón fundamental del ciclo de combustible nuclear. Casi un cuarto de siglo más tarde se termina por desplazar a la CNEA de algo tan vital como es la oferta doméstica del dióxido de uranio, crucial a su vez para la fabricación de los combustibles nucleares que alimentan nuestras centrales y reactores de investigación”.