Pidieron la detención del intendente de Río Turbio
El fiscal Carlos Stornelli insistió con la detención de Atanasio Pérez Osuna en la causa que investiga el desvío de fondos del ex Ministerio de Planificación Federal a la mina de carbón de Río Turbio
El fiscal Carlos Stornelli insistió con la detención de Roberto Baratta (ex mano derecha de Julio De Vido y ya detenido por otra causa), Martín Goicochea (rector de la UTN), Miguel Larregina (ex gerente contador de YCRT), Atanasio Pérez Osuna (ex interventor de YCRT y actual intendente de Río Turbio) y Hugo Sánchez (presidente de la Fundación), en la causa que investiga el desvío de fondos del ex Ministerio de Planificación Federal a la mina de carbón de Río Turbio.
Según consignó Clarín, la Fiscalía sostuvo que a quienes se les pide nuevamente la prisión preventiva “defraudaron al Estado” al “conformar y materializar un ilícito sistema de contrataciones” que involucró al ex Ministerio de Planificación, a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y la “tercerización de todas las obras a través de la Facultad Regional de Santa Cruz (FRSC) de la UTN”.
En ese contexto, Stornelli insistió en que los imputados sin la prisión preventiva representan “un riesgo procesal” y que a excepción de Baratta (preso por otra causa respecto a la compra de Gas Natural Licuado), “ocupan roles y posiciones clave para atentar contra la investigación y el recupero de los bienes”. El juez Rodríguez los procesó con un embargo de $ 250 millones a los principales imputados y de $ 170 millones a los demás.
Según la Justicia, Baratta, Larregina, Pérez Osuna, Goycochea y Sánchez “tomaron parte en el diseño de una estructura delictiva, junto a la ejecución y desarrollo de una ingeniería que desvió 265 millones de pesos, dinero que se abonó como gastos administrativos y comisiones a la FRSC, a su Fundación”, mediante YCRT y la UTN.
Ahora, la Sala II de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, deberá decidir sobre la situación de los procesados. El informe de la SIGEN determinó que además existe un monto de 88.320.750 pesos en concepto de “gastos administrativos” que fue reclamado por la FRSC y la Fundación, pero no fue abonado por YCRT. Según la Justicia, el ex interventor de YCRT Pérez Osuna, actual intendente de Río Turbio, convalidó gastos a simple firma por $ 13.600.000, aunque “dicho límite fue deliberadamente evadido” y consideraba “otra ingeniería para sustraer fondos públicos” al firmar convenios que no superaban los $ 12,5 millones.
Además, el fiscal señaló que todos pertenecían a la misma obra y los acusados “conocían el límite y buscaron burlarlo desdoblando los convenios, en un evidente fraude”. (Fuente: Clarín)