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Argentina
23 de agosto de 2018
IRREGULARIDES SAN MARTIN

La Legislatura dilata el pedido de desafuero de un diputado K

Se trata del legislador, Guillermo Carnaghi, a quien se investiga por la comisión de los delitos de “abuso de autoridad” y “ejercicios de funcionarios correspondientes a otro cargo”, durante su paso como secretario de Gobierno de San Martín de los Andes. El pedido de desafuero fue enviado por el fiscal Rubio e ingresó a la Cámara el 7 de agosto pasado

La Legislatura dilata el pedido de desafuero de un diputado K
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El Ministerio Público Fiscal de Neuquén remitió una nota al presidente de la Legislatura, Rolando Figueroa, el pasado 7 de agosto mediante la cual solicita se trata el desafuero del diputado de Unidad Ciudadana, Guillermo Carnaghi. La Justicia lo investiga por la comisión de dos presuntos delitos durante su desempeño como secretario de Gobierno de la municipalidad de San Martín de los Andes, precisamente en el año 2016 cuando Juan Carlos Fernández era el intendente.

El legislador provincial está acusado de la presunta comisión de los delitos de “ejercicio de funciones correspondientes a otro cargo” y “abuso de autoridad”.

El pedido de desafuero fue enviado por el Jefe de la IV Circunscripción Judicial, Fernando Rubio al presidente de la Legislatura, Rolando Figueroa. Desde entonces las posiciones de los bloques que no terminan de definirse han dilatado el tratamiento.

El escrito solicita “suspender su inmunidad y poner a disposición de este Poder Judicial de la Provincia del Neuquén a fin de celebrar el juicio oral y público”.

El expediente se inició a partir de la denuncia realizada en 2016, por la actual gestión municipal que conduce la intendenta Brunilda Rebolledo. Entonces se acusó a los miembros de la Comisión de Interpretación y Composición Paritaria (CIAP) de una supuesta utilización fraudulenta de algunas actas de la Comisión y artículos plasmados dentro del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT).

La Justicia intenta determinar si se habrían sido utilizados de manera ilegal, para otorgarse facultades no correspondidas, como aumentos de sueldo, gestión de adicionales y recategorizaciones, afectando el presupuesto municipal.

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