La recuperación de las tierras de la ex cárcel Regional del Sur de Neuquén, más conocida como U9, trajo aparejada una disputa por la propiedad de las tierras por un lado, pero también abrió el debate en torno a qué hacer con las mismas. De un total de 9 hectáreas, desde Nación se decidió otorgar poco más de 4 a la Provincia a modo de canje por la cárcel de Senillosa; y las casi 5 restantes quedan en manos del Ejecutivo nacional, quien habilitó el juego al municipio. Y de movida se impusieron dos perfiles bien marcados: la iniciativa de emplazar un pulmón verde por parte del Gobierno provincial; y la idea de lotear y edificar de la mano del tándem Nación-Ciudad.



Según destaca un informe del matutino "La Mañana", desde el gobierno nacional aseguraron que la postergación de la subasta de tierras de la ex cárcel U9 se hizo para que el proyecto tenga más difusión e información, una serie de variables económicas y técnicas son las que en realidad están retrasando el proceso para desarrollar urbanísticamente la mitad del predio donde funcionaba la unidad penitenciaria.

Tanto arquitectos como operadores inmobiliarios coinciden en que la falta de interés en los terrenos tiene algunos motivos claros: el alto precio que se pide por el metro cuadrado (500 dólares), la gran devaluación que tuvo el peso y los escasos planes de financiación para conseguir semejante suma de dinero.
 

El martillero público Guillermo Reybet, propietario de la inmobiliaria del mismo nombre, reconoció que el precio que se pide es un poco alto. “Son unos 500 dólares por metro cuadrado para un predio que es enorme”, explicó.