20 de junio de 2013
RIO NEGRO
Renunció funcionario que denunció doble sueldos
Omar Alfonso, quien había detectado la doble percepción de funcionarios y empleados, renunció a su cargo. Lo hizo luego de advertir que no tenía respaldo gubernamental
El secretario de la Función Pública, Omar Alfonso, renunció después que confirmó el retiro del respaldo gubernamental a su determinación de revisar la presunta doble percepción de agentes y de funcionarios.
Este alejamiento había trascendido días atrás, pero fue confirmado ayer por el propio Alfonso cuando se retiraba de Economía.
Argumentó razones personales y no quiso hablar más allá de admitir la entrega de una nota en el despacho de su ministro, Alejandro Palmieri, ausente de Viedma.
Alfonso, abogado de 28 años, conducía la dirección de Comercio Interior y, al inicio de este año, asumió la secretaría de la Función Pública. Retuvo en estos meses la conducción de las dos áreas, ahora vacantes.
Anoche, la administración provincial informó de la dimisión de Alfonso por motivos personales y de salud. En la gacetilla, paradójicamente, el gobierno le agradece las funciones cumplidas y resalta su profesionalismo.
Pero los motivos del alejamiento radican en las recientes y durísimas discusiones de Alfonso con Palmieri por el retroceso del gobierno de Alberto Weretilneck y de Economía frente a la política de incompatibilidades.
La Función Pública, dependiente de Economía, es neurálgica en el control de las erogaciones, como también la Dirección de Comercio Interior en el encomendado seguimiento de los principales precios del convenio con supermercados.
En la secretaría de la Función Pública, Alfonso asumió un alto protagonismo por la fiscalización de los gastos del personal. Lo hizo cuando controló guardias médicas y también los contratados, llegando al cruzamiento de registros de activos y detectando que 639 estatales rionegrinos tenían otras percepciones, estatales y privadas. Figuraban 21 funcionarios.
El ahora ex funcionario remitió el listado a los ministerios para profundizar sus iniciales incompatibilidades detectadas. Existió una fuerte resistencia, especialmente desde Seguridad ya que la secretaria Martha Arriola era una de las funcionarias observadas.
Después, la difusión que existía de un listado superior al medio millar en presuntas irregularidades profundizó la discusión interna, que sorprendentemente el ministro Palmieri intentó salvar cuando anunció que ya no existían tales impedimentos. Luego, la legisladora Ana Piccinini denunció penalmente esa situación mientras que el fiscal de Investigaciones Administrativas, Marcelo Ponzone pedía información por los incumplimientos de la Ley 3.550 de Ética Pública.
En su información oficial, el gobierno agradeció las funciones cumplidas por Alfonso, que presentó su renuncia por motivos personales y de salud que le impiden seguir desarrollando sus tareas con normalidad.
Resaltó que el ex funcionario desarrolló su tarea con profesionalismo, destacando que “impiden seguir lamentablemente cuestiones ineludibles de índole personal y problemas de salud que necesito atender”.