23 de enero de 2024
CONGRESO NACIONAL
Pesqueros de la región reiteraron su rechazo a la reforma de la actividad en la Ley Ómnibus
Desde CAPIP también a los legisladores patagónicos y especialmente a los gobernadores de Chubut y Santa Cruz, ya que a pesar de la promesa del Gobierno Nacional de modificar el apartado para el sector dentro de la normativa propuesta, persistirán los artículos que establecen costos elevados por derechos de exportación y manufactura
La Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) reafirmó su firme oposición a las propuestas modificaciones contempladas en el proyecto de la denominada Ley Ómnibus, específicamente aquellas que afectan a la Ley Federal de Pesca y los elevados derechos de exportación para la producción y manufacturas de la industria pesquera. Dicho posicionamiento también fue comunicado a los gobernadores de Chubut y Santa Cruz, así como a los legisladores nacionales de esas provincias..
La entidad, compuesta por empresas líderes en la industria pesquera, incluyendo Altamare S.A., Arela S.A., Bricel S.A., y otras, expresó su preocupación de que las modificaciones propuestas, si se implementan total o parcialmente, pongan en riesgo la viabilidad de la actividad pesquera en su forma actual. Han insistido en la importancia de transmitir estas preocupaciones a los legisladores antes de aprobar cualquier modificación a la Ley Federal de Pesca o aumentar las retenciones al sector.
Entre las críticas, la CAPIP destacó que el régimen actual de administración de pesquerías, basado en Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC), ha demostrado ser efectivo y eficiente. Señalan la recuperación biológica de especies clave, como la merluza común, y la mejora sustancial en el estado del caladero bajo el sistema actual.
La Cámara también se opone firmemente a la propuesta de migrar a un esquema de subasta de cuotas de pesca al mejor postor, argumentando que este método no se utiliza en la mayoría de los países con pesquerías desarrolladas. Destacan que el sistema actual, en funcionamiento durante aproximadamente 20 años, ha sido transparente y ha contribuido a mantener los recursos en su máximo rendimiento sostenible.
Además, adrvirtieron que cualquier modificación al esquema actual desencadenaría litigios judiciales, ya que los actuales tenedores de cuotas podrían ser desplazados por actores más poderosos durante la licitación propuesta. También rechazan el aumento indiscriminado de los derechos de exportación, argumentando que esto pondría en peligro la viabilidad económica de las empresas pesqueras.
Asimismo, la Cámara reveló que los resultados económicos presentados en los balances corporativos demuestran que el porcentaje propuesto del 15% para los derechos de exportación supera ampliamente la rentabilidad empresarial, poniendo en evidencia los riesgos inminentes para la industria pesquera.