11 de mayo de 2024
NEUQUEN
Pidieron el juicio oral para tres funcionarios de la UNCo por maniobras irregulares
En la causa se investigan a miembros área de Organización de Auditorias Técnicas (OAT) de la Universidad Nacional del Comahue, acusados por contrataciones directas fuera de norma por casi 10 millones de pesos para empresas petroleras
La titular a cargo de la Fiscalía Federal N° 2, María Cristina Beute, solicitó la elevación a juicio oral de una causa que involucra a tres funcionarios de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). Estos individuos, quienes integraban el área de Organización de Auditorias Técnicas (OAT), están acusados de cometer delitos contra la administración pública en relación con la contratación directa de servicios de auditoría para empresas petroleras.
Según detalla la fiscal en su requerimiento de elevación a juicio: "La imputación que formula este Ministerio obedece a la perpetración de un direccionamiento absolutamente discrecional, resultante de la ausencia de un proceso de selección transparente y ajustado a las normas vigentes".
El proceso judicial se inició a raíz de una denuncia en 2014 por la presunta adjudicación directa e irregular a una empresa subcontratada, la cual había sido beneficiada repetidamente con contratos para prestar servicios petroleros entre 2010 y 2013, sin seguir los parámetros legales pertinentes. La función específica de la OAT era interactuar con operadoras hidrocarburíferas en representación de la UNCo para coordinar la contratación de servicios de auditoría.
El MPF detectó que se adjudicaron auditorías de manera irregular a una empresa en particular, a pesar de la existencia de otras opciones elegibles. Este proceso supuso un monto considerable de dinero, con contratos que alcanzaron casi 10 millones de pesos. Entre la evidencia presentada por la Fiscalía se encuentran las conclusiones de la Unidad de Auditoría Interna de la Universidad, que detectó numerosas irregularidades en los procedimientos y controles durante la ejecución de los contratos.
Aunque inicialmente el juzgado desestimó la imputación penal, considerando las contrataciones como parte de un acuerdo de colaboración, la fiscalía apeló esta decisión. Finalmente, la Sala IV de la Cámara de Casación Penal dictaminó a favor de la fiscalía, lo que llevó al procesamiento sin prisión preventiva y al embargo de bienes de los funcionarios implicados.