25 de junio de 2024
CHUBUT
Ñoquis Calientes: seis de los imputados pidieron no ir a juicio oral y público
Los acusados ofrecieron pagar 300 mil pesos en tres cuotas consecutivas para que se les acoja la suspensión de juicio a prueba por dos años. No obstante, el titular de la Unidad Anticorrupción, Omar Rodríguez, se opuso a la solicitud argumentando que los casos de corrupción deben ser públicos porque “los demanda la sociedad”
Los jueces Carlos Richeri, Marcela Pérez Bogado y Raquel Tasello están evaluando si seis de los siete imputados en la causa “ñoquis calientes” serán sometidos a un juicio oral y público o si podrán acogerse a la “suspensión de juicio a prueba” por dos años y el pago de 300 mil pesos en tres cuotas consecutivas. Este pedido fue realizado por los defensores de los imputados durante una audiencia en la que el fiscal general Omar Rodríguez se opuso.
La audiencia fue solicitada por los defensores Romano Cominetti y Francisco Romero, quienes representan a los siete imputados. Argumentaron que “se dan las condiciones de evitar el juicio oral y público” y defendieron “la inocencia de los imputados” en caso de llegar a esa instancia.
La suspensión de juicio a prueba está contemplada en el Código Procesal del Chubut. Los defensores señalaron que los imputados no tienen antecedentes penales y que las penas previstas no implican cumplimiento efectivo. A través de sus defensores, Branco Rodera Neira, Mara Rodera, Facundo Solari Rodera, Miguel Reto Reyes, Jackelina Rodera y Adriana Cañumil ofrecieron pagar 300.000 pesos en tres cuotas consecutivas.
El fiscal Omar Rodríguez se opuso al pedido de los defensores, destacando la jurisprudencia de la Cámara Penal de Trelew en casos de corrupción. Señaló que, según esta jurisprudencia, los particulares que participan en hechos de corrupción junto a funcionarios públicos no tienen derecho a la suspensión de juicio a prueba. La Cámara Penal de Trelew ha sostenido durante varios años que, en casos de corrupción, los compromisos asumidos por el Estado en pactos y convenciones internacionales contra la corrupción, que tienen jerarquía constitucional, deben ser respetados.
Rodríguez subrayó que estos compromisos internacionales son claros en cuanto a que los asesores de funcionarios públicos deben ser considerados en esa condición. Citó que los hechos de corrupción que afectan dineros del Estado también afectan los derechos humanos, como la salud y la educación, y por ello deben ser juzgados en juicios orales y públicos con la debida publicidad. Mencionó también las instrucciones generales del procurador Jorge Miquelarena, quien fija la política criminal a seguir.
El fiscal pidió que todos los imputados sean sometidos a juicio oral y público “a la mayor brevedad” y resaltó la importancia de la publicidad del juicio oral y público, afirmando que “es lo que demanda la sociedad”.
En el caso de la ex ministra de Familia y ex diputada provincial Cecilia Torres Otarola, no se dan las condiciones procesales para que se le aplique la suspensión de juicio a prueba, aunque participó en la audiencia realizada este martes. Fue acusada de fraude a la administración pública en calidad de autora por ocho hechos, tres por concusión y cinco por fraude, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según el fiscal Rodríguez, la ex funcionaria “resultó una pieza central de la actividad delictiva investigada”.
Las calificaciones legales escogidas implican una escala penal que parte desde los dos años de prisión, más inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. La Fiscalía estima que, al momento de pedir pena de prisión para la ex ministra y diputada, no será inferior a cuatro años de prisión efectiva, más la inhabilitación especial por igual plazo.