27 de septiembre de 2024
RIO NEGRO
En el PRO redoblaron la apuesta y piden que UNTER pague por los daños en la Legislatura
El presidente de la bancada macrista, Juan Martin, pidió que el gremio docente se haga cargo de los costos del operativo de seguridad que se realizó ayer en las inmediaciones de la Cámara de Diputados mientras se debatía el proyecto de esencialidad en la educación
El legislador rionegrino Juan Martín, del bloque PRO-Unión Republicana, presentó hoy un pedido formal al vicegobernador Pedro Pesatti, exigiendo que la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) se haga responsable de los costos generados por el operativo policial que fue desplegado durante la reciente protesta del gremio en la Legislatura provincial. La movilización se produjo en rechazo al tratamiento del proyecto de ley que busca declarar a la educación como un servicio esencial, iniciativa impulsada por el mismo Martín.
“No es justo ni equitativo que los contribuyentes rionegrinos deban hacerse cargo de los costos de las acciones ilegales de parte del gremio UnTER”, expresó Martín en la nota dirigida a Pesatti. El legislador sostuvo que la movilización de UnTER incluyó actos violentos que obligaron a desplegar un operativo policial considerable, lo que, según Martín, desvió recursos que deberían haberse destinado a la seguridad de la ciudad de Viedma.
El pedido de Martín se fundamenta en la Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación, que establece que los organizadores de protestas que conlleven gastos extraordinarios para el Estado, deben hacerse cargo de los costos de los operativos de las fuerzas de seguridad. El legislador recordó que su espacio político ya había propuesto, en su momento, que la provincia de Río Negro adhiera a este protocolo, lo que hasta ahora no se ha concretado.
“La protesta violenta de la UnTER obligó a que se desplegaran policías que deberían haber estado cuidando a los vecinos de Viedma, además de los gastos en combustible y materiales”, remarcó Martín. También destacó los destrozos ocasionados en las inmediaciones de la Legislatura, calificando los hechos como un intento de impedir el normal funcionamiento de las instituciones democráticas.
La declaración de la educación como servicio esencial generó controversias en Río Negro, con sectores sindicales oponiéndose enérgicamente a la medida, al considerar que vulnera el derecho a huelga de los trabajadores. Por su parte, Juan Martín insiste en que esta normativa es clave para garantizar el derecho de los niños y jóvenes rionegrinos a recibir una educación continua, sin interrupciones prolongadas debido a los conflictos gremiales.