Rechazan reparación económica en nueva causa contra condenada por corrupción en la emergencia climática
La jueza Eve Ponce denegó el intento de Vanina Barale, exfuncionaria condenada por irregularidades durante la emergencia climática en Comodoro Rivadavia, de cerrar una nueva causa penal por lesiones leves mediante una compensación económica
La jueza de garantías de Rawson, Eve Ponce, rechazó la aplicación de la figura de “reparación económica” en una causa por lesiones leves que involucra a Vanina Barale, una ex empleada pública previamente condenada por corrupción en la distribución de ayuda durante la emergencia climática que azotó Comodoro Rivadavia en 2017.
Barale fue condenada a tres años de prisión en suspenso con reglas de conducta estrictas, luego de que se la encontrara culpable de delitos contra la administración pública por su participación en el manejo irregular de recursos destinados a los damnificados por el temporal. Ahora enfrenta un nuevo proceso penal por agredir físicamente a otra mujer en el marco de un conflicto familiar.
Durante la audiencia realizada en la Oficina Judicial de Rawson, su defensor, Pablo Sánchez, propuso cerrar el caso mediante una “reparación” que incluía el pago de 60 mil pesos y una prohibición de acercamiento por tres meses. Sin embargo, la jueza Ponce rechazó el acuerdo.
Según la magistrada, “el conflicto continúa” y no puede considerarse resuelto mediante una compensación económica, especialmente teniendo en cuenta que Barale ya tiene antecedentes y está sujeta al cumplimiento de reglas de conducta dispuestas por una condena anterior que, además, fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia.
Otro factor que influyó en la decisión es que existe una denuncia paralela contra Barale en el Juzgado de Familia, lo que, según Ponce, agrava el conflicto y pone en duda su disposición a respetar las condiciones impuestas en causas anteriores.
A su vez, la funcionaria de fiscalía Patricia Cárcamo, en representación del Ministerio Público Fiscal, se opuso a la aplicación del mecanismo de reparación, siguiendo instrucciones del procurador general Jorge Miquelarena, quien determinó que no corresponde ofrecer soluciones alternativas en casos donde existan antecedentes por delitos contra la administración pública.
La acusación formal contra Barale ya fue presentada. Los próximos pasos del proceso incluyen la audiencia preliminar y el eventual juicio oral. En caso de ser hallada culpable, la exfuncionaria podría enfrentar una pena de prisión efectiva, por tratarse de una reincidencia y un posible incumplimiento de condiciones judiciales previas.