29 de mayo de 2025
SANTA CRUZ
Controversia en El Chaltén por un intento de limitar la duración del cargo del juez de Faltas
La Asociación de Jueces y Secretarios de Faltas de la Provincia rechazó con dureza el proyecto que impulsa el Concejo Deliberante para limitar a seis años la duración del cargo del juez municipal. Acusan un intento de politizar la Justicia local y vulnerar principios constitucionales
Una propuesta impulsada por los concejales Carlos Tico y Estefanía Leyes para modificar la ordenanza que regula el Juzgado de Faltas en El Chaltén encendió fuertes críticas a nivel provincial. El proyecto plantea reemplazar el principio de inamovilidad del cargo del juez de Faltas por un mandato temporal de 6 años, con posibilidad de renovación, lo que generó el rechazo unánime de la Asociación de Jueces y Secretarios de la Justicia Municipal de Faltas de Santa Cruz.
Desde la asociación lo calificaron como un “ataque a la institucionalidad” y afirmaron que vulnera garantías constitucionales como la independencia judicial y el principio republicano de división de poderes. “Ningún cargo judicial es vitalicio, pero la inamovilidad es una garantía constitucional de imparcialidad. Modificar eso por razones políticas representa un grave retroceso”, expresó Edgardo Pola, presidente del organismo, en declaraciones radiales.
El texto de la iniciativa sostiene que se busca evitar la “cristalización de situaciones de privilegio”, pero desde el ámbito judicial advirtieron que esa justificación implica desconocimiento de la normativa vigente y una confusión entre inamovilidad y perpetuidad en el cargo.
La propuesta fue debatida en las Jornadas Provinciales de la Justicia Municipal de Faltas realizadas en Los Antiguos, donde fue rechazada por unanimidad por jueces y secretarios de toda la provincia. La polémica también involucra al letrado asesor del Concejo Deliberante de El Chaltén, Matías Schraer, cuyo dictamen fue criticado por supuesta ambigüedad jurídica.
Desde la Asociación señalaron que el proyecto atenta contra la autonomía municipal consagrada en la Constitución Nacional reformada en 1994 y subrayaron que el carácter político del cargo del juez de Faltas, tal como pretende la ordenanza, “representa una distorsión del equilibrio de poderes” al subordinar el Poder Judicial Municipal al Ejecutivo local.
En ese sentido, el colectivo judicial manifestó su “total repudio y estupor”, remarcando que imponer un plazo de seis años al cargo afecta la imparcialidad, independencia y el debido proceso para los ciudadanos, y representa “un retroceso en el reconocimiento del Juzgado Municipal de Faltas como parte del poder de control, no de gobierno”.