El tribunal buscará determinar las responsabilidades de ex funcionarios y empleados de la provincia que tuvieron distinta participación en la estafa por más de 153 millones de pesos. En distintos niveles, están acusados de asociación ilícita, fraude a la administración pública y defraudación

Con 14 imputados, el lunes comienza el juicio por la millonaria estafa con planes sociales

Tras un extenso trabajo de investigación de la unidad fiscal de Delitos Económicos, el próximo lunes comenzará el juicio contra 14 personas acusadas de distinto tipo de participación en la estafa a la provincia de Neuquén con la administración de planes sociales, ocurrida durante la gestión de Omar Gutiérrez.

En total, hay 14 personas imputadas, entre exfuncionarios y empleados del Poder Ejecutivo que están acusados de ocupar distintos niveles de una asociación ilícita que actuó en perjuicio de las arcas provinciales por más de 153 millones de pesos, entre el 30 de septiembre del 2020 y el 31 de julio del 2022. Los delitos que se les endilgan son: asociación ilícita, fraude a la administración pública y defraudación.

El debate estará conducido por el tribunal integrado por los jueces Juan Guaita, Juan Kees y Luciano Hermosilla. Las audiencias comenzarán el lunes en la ciudad Judicial de Neuquén y se espera que se extiendan, por lo menos, hasta el mes de septiembre. Se calcula que más de 200 testigos declararán en este juicio. La sentencia podría conocerse a fines de octubre.

La teoría del caso planteada por el Ministerio Publico Fiscal, representado por el fiscal jefe Pablo Vignaroli, y el fiscal del caso, Juan Manuel Narváez, es que desde el 30 de septiembre de 2020 hasta el 31 de julio de 2022, funcionarios públicos y empleados del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; de la Contaduría General del Ministerio de Hacienda del Poder Ejecutivo de Neuquén; y particulares que colaboraron de manera externa a cambio de un beneficio económico, integraron una asociación ilícita con estructura piramidal que se apropió de $153.377.900 (monto histórico, sin actualizar).

Con roles y funciones predeterminados para cada uno de sus integrantes, realizaron un total de 9303 hechos de estafa, a partir de la administración y cobro indebido de asignaciones que habían sido creadas para atender demandas sociales generadas por situaciones de desempleo.

La fiscalía describió una estructura piramidal para llevar adelante la estafa, con distintos niveles de responsabilidad . En el primer nivel de la pirámide se ubicaban los jefes: Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; Néstor Pablo Sanz, exdirector de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; Marcos Ariel Osuna, exresponsable de Gestión de Programas del mismo organismo; Abel Di Luca, el exministro de Desarrollo Social; y Tomás Siengentharler, el excoordinador de Administración de esa cartera.

En un segundo nivel se ubican los colaboradores de los jefes, que son: el exdirector general de Finanzas, Luis María Gallo; Laura Reznik, que ocupó ese mismo cargo; y la exdirectora de Tesorería, Julieta Oviedo.

En el tercer nivel se ubica a los “recaudadores” (Isabel Montoya), los “extractores” (Valeria Honorio, Ariel Krom y Emanuel Victoria Contreras) y en el último nivel, los “beneficiados”: Fernando Cardozo Regidor y el abogado Alfedo Cury.

Las penas que podrían recibir por el delito que se les imputa, en caso de ser condenados, ronda entre los 6 y los 8 años de prisión efectiva para los de mayor jerarquía.

Condenas previas

En este juicio, hay otros 9 imputados que ya fueron condenados a tres años de prisión en suspenso. Se trata de personas que reconocieron su culpabilidad y que habían tenido una participación de menor relevancia en la estafa, por lo que llegaron a un acuerdo de condena con el Ministerio Público Fiscal.

Las personas alcanzadas son: Gustavo Mercado, Aarón Escobar, Carolina Beatriz Hernández, Pamela Rivera, Gesel Tarifeño, Pamela Cea, Rodolfo López, Adrián Lizama y Omar Rodríguez Quezada.

Por último, el auditor de la Contaduría General, Julio Arteaga, será a sometido a otro juicio que comenzará dentro de tres meses. La postergación responde a problemas de salud del imputado.

Todos aceptaron haber integrado la asociación ilícita y haber realizado tareas complementarias, como extraer dinero de los cajeros automáticos o cobrar cheques, para luego entregar la recaudación a los imputados a los que se les atribuye mayor responsabilidad dentro de la maniobra.

Las condenas fueron por tres años de ejecución condicional y cumplimiento de reglas de conducta, además del pago de sumas de dinero a instituciones de bien público. En un caso se reparó la totalidad la suma reclamada, además de que la Fiscalía de Estado anticipó que avanzará en los reclamos correspondientes en el fuero Procesal Administrativo, más allá del resultado del juicio penal.

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