NEUQUEN
La Tecla Patagonia
Redacción
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Tierras protegidas en Neuquén: negocio redondo
Denuncias históricas, intereses económicos y viejos debates políticos resurgen en Pulmarí, donde la Corporación Interestadual enfrenta presuntas ventas ilegales y ocupaciones irregulares. Con mayor presencia de las comunidades y apoyo estatal, la actual conducción busca frenar maniobras sobre tierras públicas y reabre una discusión de fondo sobre el uso del territorio y la vigencia de la ley
La disputa por las tierras de Pulmarí no es una temática nueva dentro de la agenda política, judicial y social de Neuquén. Desde hace muchos años existen denuncias por ventas ilegales, presuntas estafas a más de un centenar de personas, construcciones en zonas protegidas y viejos debates sobre la continuidad misma de la Corporación Interestadual Pulmarí (CIP). Todos estos elementos conforman un escenario complejo, atravesado por intereses económicos, reclamos históricos y la aplicación de una normativa que prohíbe de manera expresa cualquier forma de comercialización del territorio.
El esquema actual de administración se consolidó recién en 1988 con la sanción de la Ley Nacional Nº 23.612, que creó la Corporación Interestadual Pulmarí con participación del Estado Nacional y la Provincia del Neuquén. La norma estableció que las tierras deben destinarse a actividades productivas y turísticas bajo un modelo de gestión estatal y comunitaria, con especial énfasis en el desarrollo socioeconómico del área de frontera y de las comunidades indígenas de la zona, entre ellas Catalán, Aigo, Puel y Currumil.
En ese contexto, la conducción actual de la CIP salió a marcar una posición firme: la tierra es pública, no se vende, y cualquier operación por fuera de la ley constituye una ilegalidad. Al frente de esa postura se encuentra Daniel Salazar, presidente del organismo y representante de las comunidades mapuches dentro del Directorio, quien sostiene que el conflicto no es nuevo, pero que por primera vez se están tomando decisiones concretas para intentar frenarlo.
La Corporación Interestadual Pulmarí está integrada por un Directorio de ocho miembros, cuatro designados por Nación y cuatro por la Provincia, entre los cuales se encuentra la representación mapuche. “Somos parte del Directorio, legitimados por los lonkos y representantes de cada comunidad, y llevamos como mandato frenar estos avances”, aseguró Salazar.
La mirada desde la conducción de la CIP
La Tecla Patagonia dialogó con Salazar, quien explica el conflicto actual como la consecuencia de años de falta de planificación, controles débiles y escaso acompañamiento estatal en su momento. “Esto viene de varios años”, sostiene, y marca una diferencia que considera clave para entender la discusión: “El apoyo de la gestión provincial actual, y de la anterior, ayudó a poder encarar estos conflictos con un notorio respaldo”.
Desde la perspectiva de las comunidades, las irregularidades no son un fenómeno reciente. Salazar recuerda que ya en 1995 se denunciaron problemas dentro de Pulmarí. Sin embargo, remarca que recién en el último año las comunidades lograron una participación efectiva en la toma de decisiones, algo que antes no sucedía.
Uno de los ejes centrales de su análisis es la falta histórica de recursos. Según detalla, durante años no se designaron directores en tiempo y forma y los presupuestos fueron insuficientes. “La Corporación no tenía los recursos para salir al territorio como correspondía”, señala. Ese escenario, afirma, comenzó a cambiar con la actualización de los cánones a los concesionarios, la baja de concesiones irregulares y un mayor respaldo presupuestario. “Se mejoró mucho la recaudación y el compromiso del nuevo gobierno de acompañarnos presupuestariamente”, asegura.
Ese fortalecimiento permitió avanzar en el control territorial. En 2023 la CIP recibió una nota de comunidades del departamento Aluminé alertando sobre irregularidades en la cuenca del Ñorquín, en el sector conocido como Nortehuel. Allí se detectaron construcciones en zonas prohibidas. “Había construcciones en zona roja, en humedales, cerca de cursos de agua, lugares donde no se puede construir”, afirmó Salazar.
La respuesta fue directa: retiro de cercos, desmontaje de estructuras y denuncias formales. “Empezamos a sacar los cercos nuevos, los lotes que daban la sensación de que se estaban armando para vender”, explica. En ese proceso, reconoce, se generó un fuerte conflicto. “Eso genera enojo en los supuestos compradores o vendedores, que salieron a pegarnos mediáticamente”.
Salazar justifica estas acciones en la obligación legal de proteger el territorio. “La razón es proteger la tierra de esas construcciones nuevas”, afirma, y subraya el punto central de la discusión: “La titularidad de la tierra es de la Corporación Pulmarí, es una tierra pública”.
Consultado sobre cómo se originan estas maniobras, admite que se trata de un territorio inmenso, de más de 113 mil hectáreas, lo que facilita prácticas irregulares. “Alguien va y dice ser dueño y hace su negocio por atrás”, señala, aunque evita generalizaciones. “Quiero dejarlo claro: algunos pícaros, algunos, vendieron terreno. No todos los pobladores de ley”.
También se refirió al rol de las escribanías en algunas operaciones. Según indicó, en ciertos casos se certificaron firmas, aunque aclaró que eso no implica legalidad sobre la tierra. “La escribanía certifica que uno vendió y otro compró, pero no la titularidad”, sostuvo.
Sobre la aparición de ex funcionarios y empresarios entre los compradores, Salazar fue enfático en despegarse de cualquier evaluación personal. “Yo no estoy evaluando personas. Acá estamos cumpliendo una ley”, remarcó. “Pueden saltar ex funcionarios, empresarios o gente común. No es contra una persona”. Y agregó: “No quiero una discusión mediática ni política, nosotros estamos cumpliendo la ley”.
El territorio que hoy administra la Corporación Interestadual Pulmarí tiene un origen estatal que se remonta a comienzos del siglo XX. En 1905, cuando Neuquén aún era Territorio Nacional, se conformó la Estancia Pulmarí, propiedad de la familia Miles, con una superficie cercana a las 68 mil hectáreas, delimitadas por el lago Aluminé, los ríos Ruca Choroi y Aluminé, la meseta de Lonco Luan y el actual límite con Chile. El resto del área, hasta completar el actual territorio de Pulmarí, se extendía hacia el oeste hasta la frontera chilena, lindando con el Parque Nacional Lanín y tierras de la comunidad mapuche Puel.
En la década del 50, el Estado Nacional adquirió la estancia a la familia Miles. Inicialmente las tierras quedaron bajo la órbita de la Administración de Parques Nacionales y luego fueron transferidas de manera definitiva al Ejército Argentino, donde funcionaron como establecimiento de Remonta y Veterinaria, destinado a la cría de mulas.
Los ex funcionarios que compraron tierras
Entre los nombres que aparecieron vinculados a la compra de terrenos en Pulmarí figura el de Guillermo Coco, ex ministro de Energía y Servicios Públicos de Neuquén durante el 2006. Ante la difusión de su caso, Coco salió públicamente en distintos medios locales a defenderse y negó haber participado en una operación clandestina.
Según explicó, adquirió un terreno en 2019 a un poblador de la zona, convencido de que se trataba de una operación regular. Aseguró que desconocía que el lote estuviera ubicado dentro del área administrada por la Corporación Pulmarí y rechazó cualquier intencionalidad fraudulenta. “Es falso que hayan sido operaciones clandestinas, no hay nada por el estilo”, sostuvo, y agregó: “No estaba al tanto de que estaba dentro del área de Pulmarí”.
Desde la CIP, sin embargo, remarcaron que el desconocimiento del encuadre legal no exime de responsabilidades y reiteraron que quienes compraron de buena fe deberán reclamar a quienes les vendieron los terrenos, ya que el Estado no convalidará operaciones ilegales sobre tierras públicas.
El conflicto actual también reactualiza debates políticos de larga data. Ya en 2010 Pulmarí fue escenario de una fuerte controversia a partir de proyectos que impulsaban la disolución de la Corporación.
En ese contexto, la entonces diputada nacional Olga Guzmán, y quien hoy dice representar a un grupo de pobladores de ley, afirmó que los proyectos respondían a reclamos históricos de pobladores, crianceros y productores que buscaban la titularización de las tierras que ocupaban desde hacía décadas, y rechazó denuncias que sostenían que detrás de esas iniciativas se ocultaba un negocio inmobiliario millonario.
“No hay nada escondido”, sostuvo, y remarcó que su defensa no era personal sino institucional. Explicó que su padre era poblador de ley desde hacía décadas, que pagaba un canon por el uso del campo y que su situación estaba amparada por una ley nacional.
La ex legisladora también cuestionó que se interpretara el proyecto como una maniobra especulativa. Señaló que su familia tenía tierras ya titularizadas en Aluminé y que, si existiera una intención de hacer un negocio inmobiliario, podría hacerse en esos espacios y no en Pulmarí. “Jamás haría un negocio de ese tipo”, afirmó en aquel momento.
En la actualidad, los diputados neuquinos Buchiniz, Papa, Guanque, Méndez y Gass continúan impulsando una línea política que, bajo el argumento de una “revisión integral” del funcionamiento de la Corporación Interestadual Pulmarí, vuelve a poner en discusión su continuidad y reaviva la idea de su virtual desaparición.
A más de una década de esas discusiones, Pulmarí vuelve a quedar en el centro de una disputa donde se cruzan viejos reclamos, nuevas denuncias y una conducción que insiste en un mensaje único: más allá de las personas involucradas y de los cambios políticos, la ley vigente debe cumplirse y la tierra pública no se vende.