10 de febrero de 2026
CAUSA YPF
Burford presiona con el discovery y Argentina analiza apelar rechazan la suspensión
Los demandantes desestimaron el pedido argentino de frenar el proceso posterior al fallo por la expropiación de YPF y acusaron al país de dilatar el cumplimiento de la sentencia. La jueza Loretta Preska quedará en condiciones de resolver tras la réplica oficial prevista para el 19 de febrero
El litigio por la expropiación de YPF sumó un nuevo capítulo en los tribunales de Estados Unidos. Los demandantes, representados por Burford Capital, solicitaron a la jueza Loretta Preska que no suspenda el proceso de discovery posterior al fallo y rechazaron el planteo de la Argentina para frenar esa etapa mientras avanza la apelación de fondo contra la condena.
La posición de Burford fue formalizada en una presentación realizada el 6 de febrero, en la que acusó al Estado argentino de intentar dilatar el cumplimiento de la sentencia y de buscar evitar sanciones inminentes. En paralelo, el país presentará el próximo 19 de febrero su réplica al pedido de sanciones y desacato, instancia tras la cual Preska quedará habilitada para resolver.
El eje de la disputa gira en torno al discovery posterior a la sentencia de primera instancia, una fase en la que los demandantes buscan identificar activos embargables para ejecutar el fallo que condenó a la Argentina a pagar US$ 16.100 millones. Entre los bienes mencionados en el proceso figura el oro del Banco Central, un punto especialmente sensible para el Gobierno.
Desde la defensa argentina sostienen que la entrega de información responde a la necesidad de proteger la inmunidad soberana y califican de hostigantes los pedidos vinculados a funcionarios y activos del Estado. Además, remarcan que la apelación contra la sentencia principal continúa su curso y que el discovery debería suspenderse hasta que exista una definición definitiva.
Burford, en cambio, rechazó de plano ese argumento y acusó a la Argentina de actuar de mala fe. En su presentación, enumeró retrasos reiterados, incumplimientos de órdenes judiciales y una producción de documentación que consideró incompleta y tardía. También cuestionó la cantidad y relevancia de los documentos entregados, al señalar que, pese a que el país habló de más de 115.000 páginas, solo se habrían producido unos 13.500 documentos, muchos de ellos de acceso público o irrelevantes.
Los demandantes también objetaron el pedido de suspensión a la luz del estándar fijado por la Corte Suprema de Estados Unidos en el precedente Nken v. Holder. Según argumentaron, la Argentina no cumple con ninguno de los cuatro requisitos exigidos para conceder un stay: no demuestra probabilidad de éxito en la apelación, no acredita un daño irreparable, perjudica a los demandantes al frenar el discovery y actúa contra el interés público al desacatar fallos judiciales.
Desde la Procuración del Tesoro subrayaron que la oposición de Burford no impide que Preska pueda conceder la suspensión. Sin embargo, anticiparon que, si la jueza rechaza el pedido argentino, el país apelará de inmediato ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, tal como ocurrió en instancias previas del juicio.
Ese antecedente incluye la orden de turnover del 51% de las acciones de YPF, que en su momento fue frenada por una instancia superior mientras se analizaba el planteo argentino. El Gobierno apuesta a repetir ese escenario si el tribunal de primera instancia vuelve a fallar en contra, en una causa que sigue acumulando tensión política, económica y judicial.