El Concejo Deliberante de Plottier logró finalmente destrabar la elección de sus autoridades para el período 2026 luego de una sesión cargada de incertidumbre y marcada por la falta de acuerdos iniciales. Tras un cuarto intermedio, los ediles alcanzaron un consenso que permitió reordenar la conducción legislativa con un perfil orientado a la estabilidad institucional.

La concejala Malena Resa, del espacio Comunidad, fue reelecta como presidenta del cuerpo, mientras que Claudia Namuncurá asumirá la vicepresidencia. Desde el oficialismo destacaron que se trata de una fórmula de consenso que apunta a garantizar un funcionamiento ordenado del Concejo en un escenario político sensible.

El debate estuvo atravesado en todo momento por la necesidad de preservar la institucionalidad en la ciudad, en un contexto impactado por la situación judicial que involucra al intendente Luis Bertolini. En ese marco, Resa remarcó que el objetivo principal es sostener el normal desarrollo de las instituciones y evitar que las tensiones externas afecten el trabajo legislativo.

La presidenta del Concejo fue enfática al marcar que el ámbito legislativo no debe interferir con los procesos judiciales en curso. Según sostuvo, mezclar ambas esferas no solo genera confusión, sino que también puede derivar en un deterioro institucional. En esa línea, insistió en la importancia de respetar la división de poderes y mantener la independencia del cuerpo deliberativo.

Respecto a la causa que involucra al Ejecutivo municipal, Resa explicó que el Concejo no cuenta, hasta el momento, con información formal que requiera intervención. Por eso, la postura adoptada es de cautela y seguimiento, evitando tomar decisiones sin respaldo legal o administrativo.

Desde la conducción también advirtieron sobre los riesgos de politizar investigaciones judiciales antes de que avancen en instancias concretas. Consideran que intervenir sin datos oficiales podría alterar el orden institucional y generar mayor incertidumbre en la comunidad.

En ese sentido, recordaron que la Carta Orgánica prevé mecanismos de actuación ante eventuales irregularidades, aunque no establece procedimientos específicos para situaciones de imputación. Por ahora, la decisión es clara: esperar definiciones judiciales y sostener el funcionamiento del Concejo con normalidad, en un intento por llevar previsibilidad a un escenario político complejo.