Las Cámaras pesqueras expresaron malestar por el proyecto de “Ficha Limpia”
En un comunicado conjunto, CAPIP, CAFACH, la Cámara Empresaria de Pesca - Golfo San Jorge y Asociación Pescadores Artesanales de Rawson se quejaron de que el proyecto que impulsa el Ejecutivo es estigmatizante y piden ser tenidos en cuenta en el debate que ingresó a la Legislatura

Organizaciones que representan al sector pesquero en la provincia de Chubut emitieron un comunicado donde expresaron su “profunda preocupación” ante el avance del proyecto de ley denominado "Ficha Limpia", que impulsa el gobernador Ignacio Torres, y advirtieron que “las observaciones y sugerencias técnicas presentadas por el sector productivo no han sido integradas en el texto actual”.
El comunicado, difundido el 28 de febrero, lleva las firmas de la Cámara Argentina de Industrias Pesqueras (CAPIP), la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACH), la Cámara Empresaria de Pesca - Golfo San Jorge y la Asociación Pescadores Artesanales de Rawson.
En el texto, las organizaciones señalan que “nuestras instituciones desean dejar sentada una postura clara: el sector pesquero acompaña y promueve toda iniciativa que busque mejorar la transparencia de los procesos y la rendición de cuentas públicas vinculadas a las matrices productivas del mar. Sin embargo, consideramos que una norma de esta envergadura debe ser justa, técnicamente sólida y equitativa”.
Indicaron que “para lograr una ley que cumpla con su propósito sin vulnerar derechos ni poner en riesgo la estabilidad de la industria”, consideran indispensable la incorporación de una serie de puntos:
1. Planificación Generalizada vs. Estigmatización
Entendemos que la "Ficha Limpia" debe ser una iniciativa que incluya a la pesca dentro
de una planificación estratégica generalizada. Aplicar normativas de excepción
exclusivamente sobre nuestra actividad genera una estigmatización innecesaria sobre un
sector que es motor de empleo y divisas para la región.
2. Preservación de la Continuidad Empresaria
Solicitamos que se incorporen los institutos legales que pueden sobrevenir a una
quiebra como excepciones explícitas a la caducidad automática de permisos. La ley
debe permitir la supervivencia de las unidades productivas bajo marcos legales vigentes,
protegiendo así las fuentes de trabajo.
3. Realidad Operativa y Biológica
Es fundamental aclarar que el plazo de inactividad de una embarcación solo debe
contabilizarse durante los momentos de posibilidad operativa de la especie objetivo.
Ignorar los ciclos biológicos y las temporadas de veda al computar la inactividad es un
error técnico que castiga injustamente a los armadores.
4. Respeto al Debido Proceso y la Vía Recursiva
Reafirmamos que cualquier sanción que derive en consecuencias sobre la titularidad de
permisos debe encontrarse firme y consentida, habiéndose agotado la vía recursiva
correspondiente. La seguridad jurídica es un derecho constitucional que no puede ser
soslayado por una reglamentación administrativa.
5. Gravedad de las Faltas y Autoridad Competente
Las faltas graves en el ámbito marítimo deben estar claramente tipificadas como no
enmendables y deben haber sido materia de sanción exclusiva por parte de
la Autoridad Marítima Nacional. La ambigüedad en la definición de estas faltas
genera discrecionalidad y desprotección.
Asimismo, las organizaciones reiteraron “nuestro compromiso inclaudicable con la transparencia y la ética en la gestión de los recursos públicos y privados. El sector pesquero no teme a la fiscalización, sino a la falta de coherencia técnica en las normas que regulan su existencia”.
Por último, indicaron que “Instamos a los legisladores a reabrir el canal de diálogo para que la ´Ficha Limpia’ sea una herramienta de mejora real y no un obstáculo para el desarrollo productivo del mar argentino”.
El debate por la transparencia en la actividad pesquera empezó a meterse de lleno en la agenda política de Chubut a partir del ingreso de un proyecto que propone crear un régimen de “Ficha Limpia Pesquera” para el otorgamiento, renovación y transferencia de permisos de pesca y cuotas de captura.
La iniciativa apunta a establecer nuevos filtros para empresas y empresarios del sector, en un intento por limitar el acceso a licencias a quienes registren antecedentes judiciales, sanciones administrativas o incumplimientos fiscales.
El proyecto pone el foco en uno de los puntos históricamente cuestionados dentro de la industria pesquera: la posibilidad de que firmas con deudas con el Estado, causas por fraude o reiteradas infracciones continúen operando mediante nuevas habilitaciones o transferencias de permisos.