19 de marzo de 2026
SANTA CRUZ
Vidal ratificó el acuerdo con YPF por el abandono de pozos en la zona norte
Un decreto firmado por el Gobernador valida el esquema operativo para el cierre de pozos petroleros cedidos a Fomicruz y exime de impuestos a los contratos vinculados. La medida refuerza el control provincial y mantiene en reserva los términos del acuerdo

El gobierno de Santa Cruz avanzó en la formalización del esquema para el abandono de pozos hidrocarburíferos tras la salida de YPF de áreas maduras de la provincia, al ratificar mediante decreto los acuerdos firmados con la empresa y la estatal Fomicruz. La decisión, publicada este jueves en el Boletín Oficial y rubricada por el gobernador Claudio Vidal, consolida el marco legal que regula una de las etapas más sensibles del proceso de reconversión de activos petroleros: el cierre definitivo de pozos.
El Decreto 0226 no introduce nuevas condiciones de fondo, pero sí le da respaldo político e institucional a lo ya acordado entre las partes en 2025. En concreto, valida tanto el acta acuerdo firmada en diciembre de ese año como su posterior adenda, donde se establecen las condiciones técnicas, operativas y ambientales bajo las cuales YPF debe llevar adelante el abandono de pozos incluidos en las concesiones transferidas.
El eje del esquema es claro: la petrolera mantiene la responsabilidad de ejecutar las tareas de abandono conforme a estándares de la industria y bajo supervisión provincial, mientras que la provincia —a través de su rol como autoridad concedente— se reserva las facultades de control, fiscalización y eventual aprovechamiento de materiales o instalaciones que puedan ser reutilizados.
Uno de los puntos más relevantes del decreto es la decisión de eximir del pago del impuesto de sellos a todos los instrumentos vinculados al acuerdo. El argumento oficial es que se trata de tareas de interés público ambiental, cuya ejecución podría verse demorada o encarecida por la carga tributaria. En la práctica, esto implica un beneficio económico directo para la operatoria asociada al cierre de pozos.
Sin embargo, la medida también incorpora un elemento que ya venía generando cuestionamientos en el proceso: la confidencialidad. El decreto establece expresamente que los términos de los acuerdos quedarán bajo reserva, en función de cláusulas firmadas entre las partes. Esto limita el acceso público a detalles clave sobre obligaciones, plazos y eventuales costos del programa.
El trasfondo de la decisión se remonta al Memorando de Entendimiento firmado en abril de 2025, cuando YPF cedió a Fomicruz un conjunto de áreas junto con compromisos asociados, entre ellos el abandono de pozos. Ese proceso marcó un punto de inflexión en la política hidrocarburífera provincial, al reconfigurar el mapa de concesiones y abrir una nueva etapa de gestión sobre yacimientos maduros.
Desde el Ejecutivo sostienen que el esquema busca garantizar que el retiro de la operadora no deje pasivos ambientales sin tratamiento, uno de los principales riesgos en este tipo de procesos. En ese sentido, la ratificación del acuerdo apunta a ordenar la transición y asegurar que las obligaciones asumidas por la empresa se ejecuten bajo control estatal.