29 de marzo de 2026
SANTA CRUZ
Sigue la disputa por el TSJ: El Ejecutivo insiste con llevar el conflicto a la Corte Suprema
Tras el nuevo rechazo del Tribunal Superior a habilitar la vía federal, el Gobierno provincial volvió a recurrir a la CSN mediante un recurso de queja, en un intento por forzar una definición sobre la ampliación del cuerpo. La disputa, que ya acumula meses de fallos cruzados y tensión entre poderes, sigue sin una salida en el ámbito local
La disputa por la integración del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz sumó un nuevo capítulo que profundiza la crisis institucional del Poder Judicial en la provincia. Tras el rechazo del máximo tribunal a conceder los recursos extraordinarios federales, el Gobierno provincial decidió avanzar directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La presentación fue realizada por la Fiscalía de Estado mediante un recurso de queja, con el objetivo de que el máximo tribunal nacional habilite la revisión del caso y se expida sobre la constitucionalidad de la ley que amplió el TSJ de cinco a nueve miembros. La norma, sancionada en 2025, había sido declarada inconstitucional por el propio tribunal santacruceño en diciembre pasado.
La decisión reciente del TSJ no abordó nuevamente el fondo del debate, sino que se concentró en aspectos formales: consideró que los recursos presentados —tanto por el Ejecutivo como por la Cámara de Diputados y los jueces designados— no cumplían con los requisitos necesarios para acceder a la instancia federal. Entre los argumentos, se señalaron problemas de admisibilidad, falta de fundamentación suficiente y ausencia de una cuestión federal concreta.
Con ese fallo, quedó firme en el ámbito provincial la declaración de inconstitucionalidad de la ley. Sin embargo, lejos de cerrar la discusión, la resolución aceleró la estrategia del Gobierno para trasladar el conflicto a la órbita nacional.
Desde la administración de Claudio Vidal sostienen que el rechazo del TSJ constituye un obstáculo formal que impide deliberadamente el tratamiento del fondo del asunto. En esa línea, calificaron la decisión como un “exceso ritual” y plantearon que existe una situación de gravedad institucional que amerita la intervención de la Corte Suprema.
El trasfondo del conflicto excede lo jurídico y se inscribe en una disputa abierta entre poderes. La ampliación del tribunal generó desde su origen resistencias dentro del propio TSJ, donde un sector de magistrados se opone a la incorporación de los nuevos vocales designados bajo la actual gestión.
Ese escenario derivó en una situación inédita dentro del Poder Judicial santacruceño, con tensiones en el funcionamiento interno del tribunal y cuestionamientos cruzados sobre la legitimidad de las decisiones. En paralelo, los jueces designados en el marco de la ley cuestionada continúan sin poder ejercer plenamente sus cargos.
La presentación ante la Corte Suprema busca no solo revertir el rechazo del recurso extraordinario, sino también obtener un pronunciamiento definitivo sobre la validez de la ampliación del tribunal. En el máximo órgano judicial del país ya existen varios expedientes vinculados al mismo conflicto, lo que anticipa una instancia de definición clave.
Mientras tanto, el escenario en Santa Cruz permanece abierto. La resolución del TSJ consolidó su postura dentro del ámbito local, pero la judicialización a nivel nacional abre una nueva etapa en una disputa que combina aspectos institucionales, políticos y de funcionamiento del sistema judicial.
A más de cinco meses del fallo que declaró la inconstitucionalidad de la ley, el conflicto sigue sin encauzarse. La intervención de la Corte Suprema aparece ahora como el próximo punto de inflexión en una crisis que continúa escalando.