24 de abril de 2026
CHUBUT
Extorsión a Gustavo Sastre: la Justicia abrió la investigación y avanzará sobre dos imputados
La jueza María Inés Bartels habilitó la investigación penal por la presunta extorsión al intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre. La causa alcanza al ex policía federal Héctor Ibáñez y al empresario pesquero Gastón Domecq, acusados de haberle exigido una suma de dinero en dólares
La Justicia de Chubut dio un nuevo paso en la causa por la presunta extorsión denunciada por el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre. Este viernes 24 de abril, la jueza María Inés Bartels dispuso la apertura formal de la investigación penal y confirmó que el proceso avanzará contra el ex policía federal Héctor Ibáñez y el empresario pesquero Gastón Domecq.
Ambos serán investigados por el presunto delito de extorsión, luego de que la Fiscalía sostuviera que habrían intentado exigirle al jefe comunal una importante suma de dinero en dólares para evitar la difusión de denuncias en su contra.
Durante la audiencia, la magistrada rechazó los planteos de nulidad presentados por los defensores Néstor Coronel y Daniel Báez, quienes buscaban frenar el inicio del proceso. Bartels consideró que existen elementos suficientes para habilitar la pesquisa y respaldó el pedido impulsado por el Ministerio Público Fiscal.
Tras la resolución judicial, los dos imputados hicieron uso de la palabra y prestaron declaración. Primero lo hizo Domecq y luego Ibáñez. Ambos negaron las acusaciones, rechazaron haber participado en una maniobra extorsiva y se declararon inocentes frente a la imputación.
La causa está a cargo de la fiscal Ivana Berazategui, quien ya había impulsado allanamientos y otras medidas de prueba en el marco de la denuncia presentada por Sastre. Entre las próximas acciones, la Fiscalía solicitó peritajes sobre los teléfonos celulares de los imputados, con el objetivo de reconstruir comunicaciones, mensajes y posibles contactos vinculados a la maniobra denunciada.
El conflicto tomó estado público a comienzos de abril, cuando el propio intendente reveló que había sido víctima de un esquema de presión sostenido en el tiempo. Según relató, no se trató de un hecho aislado sino de una secuencia que se venía desarrollando desde el año pasado, con pedidos económicos que, según afirmó, llegaron hasta los 100 mil dólares.
De acuerdo con su versión, la operatoria consistía en la amenaza de impulsar o difundir denuncias falsas si no accedía a entregar dinero. Sastre aseguró haber aportado a la Justicia registros de llamadas, mensajes y otros elementos que respaldan su denuncia, además de ampliar posteriormente la presentación con nuevos datos y nombres.
El jefe comunal también vinculó la situación con publicaciones en redes sociales y contenidos que consideró parte de la misma estrategia de hostigamiento, motivo por el cual se iniciaron peritajes informáticos para intentar determinar el origen de esos mensajes.
En sus declaraciones públicas, evitó generalizar sobre instituciones y remarcó que la investigación apunta a responsabilidades individuales concretas, diferenciando especialmente la actuación de las personas imputadas del funcionamiento general de las fuerzas de seguridad.