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Informe especial
24 de mayo de 2026
INFORME

La letra chica del endeudamiento en Santa Cruz

La iniciativa de buscar financiamiento por hasta 600 millones de dólares impulsado por el gobernador Vidal abrió una fuerte disputa política en la provincia. Mientras el oficialismo lo defiende como una herramienta para financiar obras, la oposición mantiene un fuerte rechazó y todavía no están los votos para aprobarlo en la Legislatura

La letra chica del endeudamiento en Santa Cruz
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El proyecto de endeudamiento impulsado por el gobernador Claudio Vidal se transformó en el centro de la discusión política santacruceña en los últimos días y abrió uno de los debates más sensibles en la historia reciente de la provincia. La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo a la Legislatura propone autorizar operaciones de crédito público por hasta 600 millones de dólares o su equivalente en otras monedas, bajo el argumento de financiar obras estratégicas, infraestructura y programas de desarrollo. 

Sin embargo, detrás de la presentación formal y de la defensa oficial, comenzó a emerger una discusión mucho más profunda sobre el alcance real del endeudamiento, las garantías comprometidas, el riesgo cambiario y el nivel de discrecionalidad que tendría el Ejecutivo para manejar esos fondos.

El proyecto, identificado como Ley N.º 257, ingresó formalmente a la Cámara de Diputados el pasado 13 de mayo y requiere una mayoría agravada de dos tercios para ser aprobado, tal como establece el artículo 40 de la Constitución Provincial cuando se trata de endeudamiento en moneda extranjera. Y precisamente allí aparece el principal problema político que enfrenta hoy el oficialismo: hasta ahora no cuenta con los votos suficientes para aprobar la iniciativa. Distintos bloques opositores, legisladores independientes e incluso sectores dialoguistas mantienen reparos importantes sobre el contenido del proyecto y exigen modificaciones sustanciales antes de acompañarlo.

Un repaso del proyecto

El texto enviado por el Ejecutivo autoriza al Gobierno provincial a realizar operaciones de crédito público por hasta 600 millones de dólares, con plazos de amortización de hasta quince años y mediante distintas herramientas financieras, incluyendo emisión de títulos públicos, préstamos internacionales, acuerdos con organismos multilaterales y refinanciación de pasivos existentes. En su artículo primero, el proyecto establece que los fondos podrán destinarse a financiar gastos de capital, programas de desarrollo y administración de pasivos, incluyendo renegociaciones o cancelaciones de deuda previa. Esa amplitud en la redacción es justamente uno de los puntos que mayor dudas generó en el arco político provincial.

La llamada “letra chica” del proyecto comenzó a concentrar gran parte del debate político porque el texto habilita una serie de mecanismos financieros y jurídicos considerados extremadamente sensibles. Entre ellos aparece la posibilidad de prorrogar jurisdicción a tribunales extranjeros, renunciar parcialmente a inmunidades soberanas y garantizar el pago mediante la cesión de regalías hidrocarburíferas, regalías mineras y recursos provenientes de la coparticipación federal. El proyecto también habilita la constitución de fideicomisos financieros y faculta al Ministerio de Economía a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para implementar las operaciones de crédito.


Aunque desde el Gobierno aseguran que los recursos estarán orientados exclusivamente a infraestructura y no a cubrir salarios ni gastos corrientes, varios diputados advierten que el texto deja márgenes amplios de discrecionalidad. La preocupación principal pasa por la falta de un listado taxativo de obras y la ausencia de mecanismos de control legislativo incorporados directamente en la ley. Ese punto comenzó a generar resistencia incluso entre legisladores que no rechazan de plano la posibilidad de tomar deuda, pero sí reclaman mayores precisiones antes de acompañar el proyecto en el recinto.


La presentación del proyecto de endeudamiento presentado por funcionarios de primera línea del Gobierno Provincial. El ministro de Economía, Ezequiel Verbes, al micrófono.

El oficialismo busca convencer, pero reconoce que faltan votos

En ese contexto, las declaraciones realizadas a La Tecla Patagonia por distintos diputados provinciales comenzaron a marcar el tono real del debate interno que atraviesa hoy a la Legislatura santacruceña. Una de las voces más relevantes fue la de la diputada oficialista Fabiola Loreiro, que reconoció la necesidad de explicar mejor el proyecto si se pretenden construir consensos. La legisladora señaló que durante la próxima semana varios funcionarios, especialmente el ministro de Economía, deberán presentarse en comisiones para detallar públicamente el destino de los fondos y el plan de ejecución previsto por el Ejecutivo.

“Lo que falta por ahí, que es lo que vamos a hacer esta semana en comisiones, es solicitarle al ministro de Economía que venga con el plan de acción para que justamente en una comisión pública se pueda explicar los destinos”, sostuvo Loreiro. La diputada comentó además que el Gobierno Provincial ya viene manteniendo reuniones privadas con legisladores de distintos bloques. Sin embargo, de acuerdo a lo manifestado públicamente por la oposición, dichas conversaciones todavía no alcanzaron para destrabar el rechazo opositor ni para garantizar los votos necesarios en el recinto.

Las declaraciones de Loreiro dejaron además otro elemento político importante: el oficialismo considera que parte de la resistencia al proyecto responde más a una estrategia electoral de cara a 2027 que a cuestionamientos técnicos concretos. “Por un lado está la política partidaria, que justamente es donde la oposición se ubica en esto de no poder darle la herramienta al gobernador. Y por otro lado está la realidad contextual de lo que la provincia necesita”, afirmó la legisladora, intentando instalar la idea de que el rechazo opositor responde a una lógica de desgaste político hacia la gestión de Vidal.

Sin embargo, la propia diputada reconoció uno de los problemas centrales que enfrenta el Gobierno para defender el proyecto: la profunda desconfianza que existe en Santa Cruz respecto al manejo histórico de los fondos públicos. “Tenemos miedo de cuál va a ser el destino de los fondos justamente porque la historia de Santa Cruz nos muestra que de manera continua los fondos han desaparecido”, admitió Loreiro. La frase terminó sintetizando uno de los grandes obstáculos políticos del oficialismo: convencer de que este endeudamiento no repetirá experiencias anteriores cuestionadas por distintos sectores políticos y sociales.

Los reparos en la vía del medio

Otra de las voces centrales del debate fue la del diputado independiente Pierro Boffi, que en intercambio con La Tecla Patagonia marcó una postura mucho más técnica y constitucional sobre el proyecto. Boffi aclaró que no se opone automáticamente a discutir herramientas de financiamiento para obras estratégicas, pero advirtió que el texto enviado por el Ejecutivo todavía carece de definiciones esenciales sobre el destino concreto de los recursos y las garantías de impacto positivo para la provincia.

“El artículo 40 es muy claro cuando exige que se determine con precisión el objeto y el destino del empréstito”, remarcó el legislador. Según Boffi, el problema actual del proyecto es que no define con exactitud qué obras se ejecutarán ni cómo se controlará la utilización de los fondos. Su planteo comenzó a ganar peso dentro de la Legislatura porque representa la posición de sectores que no rechazan el endeudamiento por razones ideológicas, pero que exigen un esquema mucho más transparente y específico antes de acompañar la iniciativa.

El diputado independiente, que hace poco rompió con la bancada oficialista, incluso mencionó ejemplos concretos de obras que podrían justificar un financiamiento internacional si estuvieran claramente detalladas en el proyecto. Entre ellas nombró el interconectado eléctrico entre Piedra Buena, Puerto San Julián y Gobernador Gregores, además de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Los Antiguos. Según explicó, se trata de inversiones estratégicas que podrían reducir costos operativos millonarios para el Estado provincial y mejorar servicios esenciales en distintas localidades santacruceñas.

“Son inversiones que, bien planificadas, incluso podrían terminar financiándose solas a partir del ahorro que generarían”, afirmó Boffi. Sin embargo, insistió en que tomar deuda en dólares no puede resolverse sin certezas jurídicas, técnicas y económicas claras. Su postura aparece hoy como una de las más observadas dentro del escenario legislativo porque podría transformarse en uno de los votos clave en caso de que el Gobierno intente renegociar el texto para acercarse a los dos tercios constitucionales.

En ese marco, el diputado de la Coalición Cívica ARI Pedro Muñoz también tomó distancia del proyecto y adelantó que, en su estado actual, no acompañará el endeudamiento impulsado por el Ejecutivo. El legislador sostuvo que la iniciativa necesita mayores resguardos legales y precisiones concretas sobre el destino de los fondos para evitar que los recursos terminen utilizándose en gastos corrientes.

Muñoz planteó además que cualquier toma de deuda debería estar estrictamente vinculada a obras estratégicas y bajo mecanismos de control legislativo. En ese sentido, puso como ejemplo la histórica crisis del agua en Zona Norte y sostuvo que obras como el acueducto desde el Lago Buenos Aires hacia Caleta Olivia podrían justificar una discusión distinta. “Ahí no se está hipotecando el futuro, sino dándole una solución a nuestros hijos y nietos”, afirmó en declaraciones a medios locales.

La oposición: ¿el rechazo puede pasar al consenso?

Durante la última semana, intendentes, diputados provinciales, legisladores nacionales y dirigentes que incluso formaron parte del frente oficialista “Por Santa Cruz” en 2023 firmaron un documento conjunto contra el endeudamiento impulsado por el gobernador Claudio Vidal. El pronunciamiento reunió al peronismo provincial, sectores independientes y antiguos aliados del vidalismo, dejando en evidencia el creciente aislamiento político del Gobierno en torno a una de sus principales apuestas financieras. 

El documento cuestionó especialmente el endeudamiento en dólares, la cesión de garantías estratégicas y la posibilidad de someter litigios a tribunales extranjeros, mientras reclamó priorizar salarios, municipios y obra pública con recursos propios.



Una declaración que terminó de confirmar el complicado escenario legislativo fue la del exgobernador y actual diputado provincial independiente peronista Daniel Peralta. En diálogo con LTP, Peralta fue contundente al señalar que el oficialismo todavía está lejos de reunir los votos necesarios para aprobar el endeudamiento. “No hay consenso aún”, aseguró el legislador, quien además confirmó que intendentes y diputados opositores continuarán reuniéndose para ratificar el rechazo al proyecto enviado por el Ejecutivo.

Peralta sostuvo que “se mantiene que no llegan a los dos tercios para aprobar esa deuda tanto en dólares como en pesos en el recinto”, dejando en claro que la principal debilidad política del Gobierno pasa hoy por la imposibilidad de construir una mayoría agravada. El exmandatario provincial también planteó que el Ejecutivo deberá modificar el proyecto si pretende avanzar en la Legislatura y reclamó volver a discutir alternativas como la utilización del fondo UNIRSE para afrontar parte de la emergencia financiera que atraviesa Santa Cruz.

Las declaraciones de Peralta terminaron de exponer un dato político que dentro del oficialismo ya nadie oculta: el proyecto original difícilmente pueda aprobarse tal como fue presentado. La necesidad de introducir cambios, precisar destinos de obra, incorporar mecanismos de control y renegociar aspectos sensibles como las garantías o la jurisdicción extranjera aparece hoy como una condición casi inevitable si el Gobierno quiere evitar una derrota legislativa.


La semana que viene será clave para el desarrollo del debate sobre el proyecto de endeudamiento en la Legislatura, ¿Llegara al recinto?  

Asimismo, dentro del bloque de Unión por la Patria, las críticas al proyecto también comenzaron a endurecerse en los últimos días. El diputado Carlos Godoy sostuvo ante La Tecla Patagonia que el Ejecutivo deberá “ordenar la propuesta” si pretende abrir una discusión real en la Legislatura y planteó que el monto debería reducirse de 600 a 300 millones de dólares. Además, coincidió con Peralta en la necesidad de discutir el destino del fondo UNIRSE y avanzar en un esquema de coparticipación hacia los municipios. De todos modos, Godoy aclaró que personalmente no está de acuerdo con tomar deuda en dólares “en ningún monto”, aunque admitió que habrá que ver si alguno de los once dirigentes que firmaron el documento opositor modifica su postura.

En la misma línea se expresó la diputada Agostina Mora, que recalcó a LTP que el proyecto ya enfrenta “un rechazo absoluto de la oposición” e incluso de sectores que fueron aliados del oficialismo en 2023. La legisladora sostuvo que cualquier posibilidad de consenso dependerá de que el Gobierno abandone la idea de endeudarse en moneda extranjera y presente un texto mucho más preciso sobre el destino de los fondos. Según Mora, el principal problema del proyecto es que las obras y programas mencionados aparecen redactados de manera “enunciativa y no taxativa”, sin detalles concretos ni cronogramas claros de ejecución.

“Un endeudamiento en dólares es algo que sepulta a la provincia y nos mete en un riesgo cambiario inmenso”, afirmó la diputada, quien además cuestionó que el Gobierno pretenda impulsar un esquema financiero que excedería ampliamente el período de gestión actual. Para Mora, el Ejecutivo está exponiendo a Santa Cruz a una crisis futura difícil de sostener si no existen garantías concretas sobre el uso real de los recursos y el impacto económico que tendría la deuda en los próximos años.

Mientras tanto, desde el Ejecutivo provincial el principal encargado de defender técnicamente el proyecto viene siendo el ministro de Economía Ezequiel Verbes. El funcionario sostiene que Santa Cruz atraviesa una situación financiera crítica producto de años de déficit estructural, caída de regalías petroleras y reducción de transferencias nacionales. Según los datos oficiales del Presupuesto 2026, la provincia enfrenta una necesidad de financiamiento superior a los 356 mil millones de pesos, con un déficit previsional extremadamente elevado y crecientes dificultades para sostener servicios públicos e infraestructura.

Un debate que excede la coyuntura financiera

La estrategia discursiva del oficialismo consiste además en remarcar que las gestiones kirchneristas anteriores también tomaron deuda en dólares, comprometieron regalías y habilitaron jurisdicción extranjera mediante leyes aprobadas durante el gobierno de Alicia Kirchner. El vidalismo intenta así instalar que parte de la oposición actual cuestiona mecanismos financieros que utilizó cuando era oficialismo. Sin embargo, esa línea argumentativa no logró hasta ahora modificar el escenario legislativo ni acercar posiciones con los bloques más críticos.

En paralelo, el contexto económico provincial sigue agravando la tensión política. La caída de regalías hidrocarburíferas producto del descenso de producción petrolera, la disminución de fondos nacionales y la presión salarial sobre el Estado provincial conforman un escenario de enorme fragilidad fiscal. El Gobierno insiste en que sin financiamiento externo Santa Cruz seguirá atrapada en un esquema de mera administración de crisis, sin capacidad para ejecutar obras estructurales ni generar condiciones de desarrollo productivo.

Pero precisamente allí aparece otro de los puntos de discusión más sensibles: el riesgo cambiario. Varios legisladores advierten que la provincia recauda principalmente en pesos mientras que la deuda estaría nominada en dólares, algo que podría multiplicar el peso financiero del endeudamiento ante eventuales devaluaciones futuras. La historia económica argentina, atravesada recurrentemente por crisis cambiarias, alimenta gran parte de esas preocupaciones y explica la resistencia que existe dentro de distintos sectores políticos a comprometer regalías y coparticipación durante los próximos quince años.

El debate, de esta manera, comenzó a trascender incluso la coyuntura financiera inmediata y abrió una discusión mucho más profunda sobre el modelo de desarrollo provincial. Para el oficialismo, el endeudamiento representa una herramienta necesaria para romper décadas de atraso estructural y ejecutar obras históricamente postergadas. Para gran parte de la oposición, en cambio, el proyecto presenta riesgos excesivos, niveles de discrecionalidad preocupantes y escasas garantías sobre el verdadero destino de los recursos.

La semana será decisiva para conocer si el Gobierno logra modificar parcialmente el escenario político. Las exposiciones previstas en comisión, especialmente la del ministro Verbes, aparecen como una instancia clave para intentar convencer a sectores dialoguistas y construir algún nivel de consenso legislativo. Sin embargo, hasta ahora  el panorama sigue siendo extremadamente complejo para el oficialismo. El rechazo opositor permanece consolidado, los independientes mantienen reparos importantes y los dos tercios necesarios para aprobar el proyecto todavía aparecen lejos de alcanzarse.
 

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