8 de junio de 2026
SITUACION CARCELARIA
Se presentó el Informe del Comité contra la Tortura: cuáles fueron los datos claves
El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura (CPPT) presentó su Informe Anual 2025 y advirtió sobre el crecimiento de la población privada de libertad en Neuquén, la sobrepoblación en dependencias policiales y la utilización de comisarías como lugares de cumplimiento de condenas
El documento, presentado en la Legislatura provincial y elaborado por el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Neuquén (CPPT), con datos al 1 de diciembre de 2025, señala que en la pronvia había 796 personas privadas de libertad, frente a las 700 registradas en octubre de 2024. El incremento fue del 13,7% en poco más de un año.
Del total, 578 personas se encontraban alojadas en unidades de detención y 218 en comisarías y alcaidías policiales. Además, el informe registra la presencia de cuatro niños que conviven diariamente con sus madres en la Unidad de Detención N°16.
Según el relevamiento, el crecimiento fue particularmente marcado en las dependencias policiales. Mientras que la cantidad de detenidos en unidades penitenciarias aumentó un 7,8%, la población alojada en comisarías se incrementó cerca de un 33%. El CPPT advirtió que en 14 comisarías que informaron capacidad oficial existían 79 plazas habilitadas para alojar personas, aunque al momento del relevamiento había 171 detenidos, lo que representa una sobrepoblación del 116%.
Uno de los puntos más preocupantes señalados por el organismo es que el 59% de las personas alojadas en comisarías ya cuenta con condena firme. El informe remarca que estos espacios fueron concebidos para detenciones transitorias y no para el cumplimiento de penas, por lo que su utilización prolongada contradice lo establecido por la Ley Nacional de Ejecución Penal y diversas recomendaciones de organismos internacionales.
En ese sentido, el Comité recordó las observaciones emitidas en diciembre de 2025 por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que manifestó preocupación por la permanencia de personas detenidas durante largos períodos en dependencias policiales y reclamó al Estado argentino poner fin a esa práctica.
El relevamiento también traza un perfil de la población privada de libertad en la provincia. La mayoría son jóvenes: cerca del 72% de las personas alojadas en comisarías tiene menos de 35 años. Además, más del 77% no completó el nivel secundario y el 96% posee nacionalidad argentina.
En cuanto a los delitos, el informe indica que predominan las causas vinculadas a delitos contra las personas, que representan el 34,8% del total, seguidas por los delitos contra la integridad sexual con el 31,4% y los delitos contra la propiedad con el 26,4%. Los hechos relacionados con estupefacientes representan apenas el 2,5%.
Aunque la tasa de encarcelamiento en Neuquén ronda las 108 personas cada 100.000 habitantes, considerablemente por debajo del promedio nacional de 284 cada 100.000, el CPPT advirtió que esa diferencia no se traduce necesariamente en mejores condiciones de detención.
El informe también cuestiona la situación de la Unidad de Detención N°11. Allí, durante octubre de 2025, la Justicia autorizó una ocupación de hasta 296 personas, muy por encima de las 200 plazas recomendadas en informes técnicos previos. Para el organismo, esta situación implica una ocupación cercana al 148% de la capacidad aconsejada por los estándares de habitabilidad.
Otro aspecto señalado es que los recursos destinados al control judicial y a la defensa pública no crecieron al mismo ritmo que la población carcelaria. El CPPT sostiene que tanto el Juzgado de Ejución Penal como los equipos de defensa técnica enfrentan limitaciones que afectan el seguimiento de las condiciones de detención y la garantía de derechos.
Durante 2025, el organismo realizó inspecciones en unidades penitenciarias de Neuquén capital, Cutral Co, Zapala, Junín de los Andes y San Martín de los Andes, además de comisarías de distintas localidades. Como resultado de esos monitoreos, reiteró la necesidad de poner fin al alojamiento prolongado en dependencias policiales, ampliar la infraestructura penitenciaria, fortalecer el acceso a salud, educación y trabajo para las personas privadas de libertad y adecuar los recursos judiciales al crecimiento del sistema.
El informe fue presentado ante autoridades, organizaciones sociales y público en general con el objetivo de aportar elementos al debate sobre las políticas penitenciarias y las condiciones de detención en la provincia.