9 de junio de 2026
ALLEN - RIO NEGRO
La formulación de cargos contra Román se centró en la compra de un celular para Ocampo
La fiscalía detalló la compra de un teléfono con fondos del municipio para que lo use el empresario de medios, que no tenía ningún cargo formal en el organismo. Román fue imputado como autor de administración fraudulenta y peculado. La audiencia continuará el 17 de junio
El Ministerio Público Fiscal de Río Negro comenzó ayer la audiencia de fomulación de cargos contra contra el actual intendente de Allen, Marcelo Román, quien será imputado por el delito de administración fraudulenta y peculado. Además se imputó al empresario de medios, Sebastián Ocampo, por ser partícipe necesario del mismo hecho.
La particularidad de la audiencia realizada en General Roca, que pasó a un cuarto intermedio hasta el 17 de junio, fue que la fiscalía centró la acusación sólo en la compra de un celular que se habría realizado con fondos del municipio para que lo use Ocampo, que no tenía ningún cargo en el organismo. El informe presentado por el Tribunal de Cuentas con infructuosos gastos formulados por el municipio para la realización de la Fiesta de la Pera, entre otros, no fueron mencionados.
Según la acusación, “entre marzo de 2024 y julio de 2025, el intendente habría sustraído de la esfera de la administración pública fondos del erario municipal para autorizar la compra de un celular por 479.999 pesos, bajo la modalidad de servicio corporativo, con un abono mensual a nombre de la Municipalidad, por un monto total de $596.812,38”.
“Además, el imputado apartó y extrajo dicho bien de la actividad patrimonial del municipio y se lo dio a una persona que no es agente municipal ni posee vínculo contractual que legitime la tenencia de bienes del Estado”, explicó la fiscalía.
“Con esta entrega, el imputado quebrantó la esfera de custodia legal que debía preservar sobre el patrimonio público, permitiendo que un tercero ajeno disponga del recurso como si fuera propio, ocasionando un perjuicio al erario público municipal”, agregó.
“El delito de partícipe necesario del segundo imputado se configura porque este hombre habría prestado colaboración indispensable para la consumación del ilícito. Puntualmente porque tenía pleno conocimiento de no ser agente público ni poseía designación oficial alguna, y aún así recibió el bien del Estado y lo usó”, describió la fiscal.
Seguidamente, señaló que “dicha participación se materializó tanto en la recepción del dispositivo, como en un uso activo, interviniendo en la estructura jerárquica municipal”.
La fiscalía sostuvo que “este imputado habría utilizado el teléfono para impartir órdenes y directivas de manera indirecta a los empleados de la Municipalidad, arrogándose facultades de gestión que reforzaron el apartamiento del bien de sus fines legales y consolidaron la disposición privada del recurso estatal”.
La calificación legal por la que fiscalía y querella solicitaron que se tuvieran por formulados los cargos para el intendente es la de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado todo en concurso ideal”, según los Artículos 173, inciso 7 en función del 174 inc. 5, 261 primer párrafo, articulo 45 y 54 del Código Penal.
Mientras que para Ocampo es la de partícipe necesario de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, según los Artículos 173, inciso 7 en función del 174 inc. 5, 45 del Código Penal.
Cuando se dio a conocer la denuncia, a Ocampo se lo acusaba de usurpación de cargo público, toda vez que daba órdenes a los empleados en nombre del municipio sin tener una relación laboral formal de ningún tipo.
Entre el sustento probatorio mencionado para esta instancia se encuentran la denuncia penal realizada por el Tribunal de Cuentas de Allen y documentación como el acta de asunción como intendente, la carta orgánica, copia de comodatos de celulares corporativos, la factura de compra del celular en cuestión de este legajo fiscal.
Se agrega el informe concretado por el Departamento de Contaduría Forense dependiente del Ministerio Público de Rio Negro, que realizó el análisis de las órdenes de pago secuestradas en el allanamiento que la fiscalía realizó en el edificio municipal.
La fiscalía enumeró además que posee copias certificadas de pago interno y externos, facturas, transferencia, todas a la empresa Movistar; además del legajo de la investigación que realiza el Tribunal de Cuentas, informes de la División Judicial e Investigaciones tanto de San Antonio Oeste como de Allen. A lo anterior, se suman más de 35 entrevistas realizadas en sede fiscal.
No obstante, al salir de la audiencia, el intendente negó, en declaraciones al medio local Inforo, tener conocimiento de la compra de ese celular y sostuvo que lo único que lo une a Ocampo es "una relación de afecto".
Las defensas solicitaron que no se tengan por formulados los cargos, y que se impute como partícipe necesario Griselda Morell, que se desempeñaba como Secretaria de Hacienda. Vale aclarar que Morell renunció al cargo denunciando irregularidades en el municipio. Además, pidieron que se excluya de la plataforma probatoria lo declarado como testigo por parte de esa mujer como también la documentación entregada durante el allanamiento concretado en la Municipalidad, la pericia contable, y extracciones que se realizaron del celular de la señora.
Al finalizar las intervenciones, la Jueza de Garantías informó que la audiencia de formulación de cargos continuará el miércoles 17 de junio.
Foto de portada: Gentileza Inforo.