24 de julio de 2026
TOMA Y DACA
La Patagonia acelera el debate por las rutas nacionales: qué provincias avanzan y cuáles ponen reparos
A tres meses del decreto que habilitó a las provincias a administrar corredores nacionales mediante concesiones, Neuquén y Río Negro lideran las negociaciones con Nación, Santa Cruz mantiene una postura cautelosa y Chubut quedó fuera del esquema
Tres meses después de que el Gobierno nacional habilitara a un grupo de provincias a asumir la gestión de rutas nacionales mediante un régimen de concesiones, el mapa patagónico muestra escenarios muy diferentes. Mientras Neuquén y Río Negro avanzan en la negociación de los convenios que les permitirán tomar el control operativo de corredores estratégicos, Santa Cruz mantiene objeciones al modelo y Chubut quedó excluida del esquema previsto por la Nación.
El cambio comenzó con la publicación del Decreto 253/2026, que abrió la posibilidad de que determinadas provincias administren, mantengan, reparen y concesionen tramos de rutas nacionales que atraviesan sus territorios. La medida, sin embargo, no implica una transferencia de la propiedad de los corredores, que continúan bajo jurisdicción del Estado nacional. Se trata de una delegación de competencias por un plazo determinado, con un máximo de 30 años, sujeta a convenios específicos y al control de la Dirección Nacional de Vialidad.
En el norte de la Patagonia, Río Negro y Neuquén aparecen como las jurisdicciones que más avanzaron en ese proceso. Ambos gobiernos trabajan junto a equipos técnicos de Vialidad Nacional para definir los alcances de los convenios que permitirán administrar algunos de los corredores con mayor circulación de cargas de la región.
Las negociaciones se concentran principalmente en las rutas nacionales 22 y 151, fundamentales para la conexión entre el Alto Valle y el desarrollo de Vaca Muerta. En el caso neuquino, además, el interés alcanza a la totalidad de la Ruta Nacional 242 y al tramo de la Ruta 22 que une la capital provincial con Arroyito.
Los gobernadores Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa ya confirmaron que existe una estrategia coordinada entre ambas provincias para avanzar en el proceso, bajo la premisa de que el crecimiento de la actividad hidrocarburífera exige mejorar la infraestructura vial y acelerar obras que durante años permanecieron pendientes.
El antecedente más reciente llegó desde la región centro del país. El pasado 22 de julio, el Gobierno nacional firmó con Santa Fe el primer convenio de estas características para la administración de la Ruta Nacional A012. Ese acuerdo, con una vigencia de 20 años, se transformó en el modelo de referencia para las provincias que negocian su incorporación al nuevo régimen.
En paralelo a las negociaciones por las rutas 22, 151 y 242, Neuquén también busca asumir la gestión de un tramo estratégico de la Ruta Nacional 40. Figueroa confirmó que la provincia mantiene conversaciones con el Gobierno nacional para administrar el corredor comprendido entre Villa La Angostura y el límite con Río Negro, junto con la Ruta Nacional 231, que conecta con el paso internacional Cardenal Samoré. La intención oficial es recuperar capacidad de decisión sobre una traza clave para el turismo y el transporte internacional.
Uno de los principales objetivos es destrabar la obra de la circunvalación de Villa La Angostura, iniciada en 2017 y paralizada desde hace varios años. El proyecto, que supera el 80% de ejecución, fue concebido para desviar el tránsito pesado del casco urbano y mejorar la conectividad con Chile. De concretarse el traspaso durante el segundo semestre, la administración neuquina buscará reactivar una infraestructura considerada prioritaria tanto por el sector turístico como por la logística regional.
En Santa Cruz, en cambio, el panorama es distinto. Aunque la provincia integra el listado de jurisdicciones alcanzadas por el decreto, hasta el momento no avanzó en la firma de un convenio con Nación.
La discusión política comenzó poco después de la publicación de la norma, cuando la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados emitió un dictamen de rechazo. Entre los principales cuestionamientos figuraron la falta de garantías sobre el financiamiento del sistema, el posible impacto de futuros peajes sobre los usuarios, el deterioro de corredores como la Ruta Nacional 3 y las dificultades para sostener económicamente concesiones en zonas con bajo volumen de tránsito.
A esas observaciones también se sumaron dudas sobre el futuro del personal vinculado al mantenimiento vial y la ausencia de precisiones respecto de las inversiones necesarias para recuperar la infraestructura existente.
El escenario es diferente en Chubut. La provincia no fue incorporada entre las nueve jurisdicciones habilitadas por el Decreto 253/2026, por lo que no participa de las negociaciones para asumir la administración de rutas nacionales bajo este esquema.
En cambio, la estrategia del gobierno de Ignacio Torres se orientó por otra vía. Tras cerrar el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR) con la Nación, la Provincia logró compensar una deuda superior a los 100 millones de dólares mediante la ejecución de obras de infraestructura y ahora prepara la licitación de la doble vía Trelew-Rawson sobre la Ruta Nacional 25, financiada con recursos propios.
Para las provincias incluidas en el régimen, el camino todavía requiere varias etapas administrativas. Cada jurisdicción deberá presentar un plan de obras, el esquema de financiamiento y las condiciones de la futura concesión, documentación que será evaluada por la Secretaría de Transporte y por Vialidad Nacional antes de autorizar los llamados a licitación.
Una vez obtenida la aprobación, las provincias dispondrán de un año para licitar los corredores y de un plazo adicional para adjudicar las concesiones. Los ingresos provenientes de eventuales peajes deberán destinarse exclusivamente al mantenimiento y las obras de cada tramo concesionado, bajo supervisión del organismo vial nacional.