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Redacción
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Fuerte malentendido entre diputados opositores y el gobierno de Neuquén
Diputados provinciales y organizaciones civiles aseguraron que fueron impedidos de participar de la Audiencia Pública ambiental en Añelo, clave para el avance del proyecto de fracking en Mari Menuco y Los Barreales. Desde el Gobierno provincial sostuvieron que el procedimiento se ajustó a la normativa vigente y que se ofrecieron alternativas de participación.
Diputados provinciales de distintos bloques políticos aseguran haber sido excluidos de la Audiencia Pública convocada para analizar el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto La Angostura Norte II, un desarrollo hidrocarburífero de gran escala previsto en el área de Mari Menuco y Los Barreales. A raíz de lo ocurrido, adelantaron que solicitarán la invalidación del procedimiento por considerar que se vulneró el derecho a la participación ciudadana.
La audiencia se desarrolló en el Hotel Sol de Añelo y constituía un paso legal obligatorio dentro del procedimiento administrativo necesario para avanzar con el proyecto de fracking. Aunque las observaciones realizadas en este tipo de instancias no son vinculantes para el Poder Ejecutivo, se trata del principal mecanismo formal de participación pública en un tema sensible por involucrar un recurso estratégico como el agua.
Según relataron los legisladores y referentes sociales, al llegar al lugar poco antes de las 11 se encontraron con un vallado perimetral y custodia policial que impedía el libre acceso al edificio. Entre quienes denunciaron haber sido impedidos de ingresar se encontraban diputados provinciales, concejales, integrantes de comunidades mapuches y organizaciones ambientales.
Entre las personas que afirmaron haber sido impedidas de ingresar se encontraban las diputadas Mónica Guanque (Democracia Neuquén), Brenda Buchiniz (Cumplir), Lorena Parrilli (Unión por la Patria), Julieta Ocampo (Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad), el diputado Andrés Blanco (FIT-U), concejales como Rubén Arias de Centenario, integrantes de comunidades mapuches y de la ONG Salvemos el Mari Menuco.
Frente a estas acusaciones, el Gobierno provincial difundió una respuesta oficial en la que aseguró que la Audiencia Pública se realizó conforme a lo establecido por la Ley Provincial N.º 1875 y su normativa reglamentaria, que regulan los mecanismos de participación ciudadana en los procesos de evaluación de impacto ambiental. Según indicaron, la convocatoria se efectuó mediante edicto en el Boletín Oficial y en diarios de amplia circulación, y se cumplió con el plazo de consulta pública previo, durante el cual el Estudio de Impacto Ambiental estuvo disponible en formato digital y presencial.
Desde el Ejecutivo remarcaron que la inscripción previa no es un requisito para asistir, sino una herramienta para ordenar el uso de la palabra y los tiempos de exposición, facultad que la ley otorga a la autoridad convocante. También detallaron que durante la audiencia se expuso el proyecto por parte de la empresa proponente y la consultora ambiental, luego intervinieron las personas inscriptas y finalmente se habilitó un espacio para preguntas y consultas.
En relación con las denuncias por exclusión, el Gobierno sostuvo que la audiencia se realizó en un espacio con capacidad limitada y que, a lo largo de la jornada, se propuso en al menos tres oportunidades un ingreso rotativo de personas que se encontraban fuera del recinto para permitir su participación, alternativa que fue rechazada por quienes permanecían en el exterior. Finalmente, indicaron que todo lo actuado quedó registrado en el acta correspondiente y fue incorporado al expediente administrativo, conforme a la legislación vigente.