6 de febrero de 2026
RIO NEGRO
Allanaron la Municipalidad de Cinco Saltos por una causa de corrupción y uso de identidad falsa
La Fiscalía avanzó con operativos en oficinas clave del municipio en el marco de una investigación por presuntas contrataciones irregulares, pagos millonarios y desvío de fondos públicos. La causa se inició tras una denuncia del Tribunal de Cuentas y apunta a una operatoria que habría utilizado la identidad de un joven para facturar al Estado
Un fuerte operativo judicial sacudió este jueves a la Municipalidad de Cinco Saltos, donde la Fiscalía avanzó con allanamientos en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de corrupción, malversación de fondos públicos y falsificación de documentación oficial. La investigación apunta a una operatoria irregular mediante la cual se habrían facturado montos millonarios al Estado municipal utilizando la identidad de un joven que luego denunció haber sido víctima de un robo de identidad.
El procedimiento fue encabezado por la fiscal Judith Saccomandi, quien se presentó en el edificio municipal acompañada por una veintena de efectivos policiales y peritos del Gabinete de Criminalística. Con orden judicial, los investigadores ingresaron a distintas dependencias clave del Ejecutivo local para secuestrar contratos, órdenes de pago, resoluciones administrativas y soportes digitales vinculados a las contrataciones bajo sospecha.
Los allanamientos se realizaron en la sede central del municipio y alcanzaron oficinas del intendente Enrique Rossi, así como de las secretarías de Gobierno, Hacienda, Obras Públicas y Servicios Públicos. Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que la documentación incautada será ahora analizada para reconstruir el circuito administrativo de los pagos y determinar posibles responsabilidades penales.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por el Tribunal de Cuentas de Río Negro, luego de detectar movimientos irregulares en la contabilidad municipal. Según consta en el expediente, un joven de 22 años figuraba como proveedor del municipio con contratos que, en conjunto, superaban los 40 millones de pesos, pese a no contar con capacidad económica, estructura comercial ni antecedentes que justificaran ese volumen de operaciones.
La situación tomó mayor gravedad cuando el propio joven se presentó ante la Justicia y aseguró que nunca celebró esos contratos ni prestó servicios al municipio. De acuerdo con su testimonio, sus datos personales habrían sido utilizados sin consentimiento para respaldar una operatoria de facturación irregular, con firmas presuntamente falsificadas y pagos autorizados desde el ámbito municipal.
En función de estos elementos, la Fiscalía investiga posibles delitos de administración fraudulenta, malversación de caudales públicos, peculado, abuso de autoridad, falsificación de documentos e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La denuncia del Tribunal de Cuentas detalla pagos observados por un total cercano a los 100 millones de pesos, de los cuales más de 39 millones ya habrían sido efectivamente abonados.
El impacto político del avance judicial fue inmediato. El intendente Enrique Rossi confirmó que el municipio se puso a disposición de la Justicia y anunció que solicitó la renuncia del secretario de Gobierno, Sebastián Crespo, en una decisión presentada como preventiva mientras avanza la investigación. Desde el Ejecutivo local aseguraron que se entregará toda la documentación que sea requerida por la Fiscalía.
En declaraciones públicas, Rossi negó las acusaciones en su contra y sostuvo que la documentación cuestionada ya se encontraba en poder de los organismos de control. Además, indicó que el municipio se encuentra preparando una presentación formal ante la Fiscalía para aportar su versión de los hechos.
Mientras tanto, la investigación continúa en una etapa clave. El análisis del material secuestrado será determinante para establecer cómo se autorizaron las contrataciones, quiénes intervinieron en los circuitos administrativos y cuál fue el destino final de los fondos públicos. El caso, por su magnitud y alcance institucional, mantiene en vilo a la política local y abre un frente judicial de alto impacto en Cinco Saltos.