31 de marzo de 2026
SANTA CRUZ
Frenaron el desalojo de un hotel vinculado a los Kirchner en El Chaltén
La Justicia suspendió la ejecución del hotel La Aldea, prevista para abril, aunque mantuvo vigente la orden de restitución del inmueble. El caso combina un conflicto judicial en curso con la ocupación del edificio cerrado desde 2016 en el marco de una causa federal
La Justicia de Santa Cruz resolvió suspender la ejecución del desalojo del hotel La Aldea, en El Chaltén, una medida que estaba prevista para el 30 de abril y que ahora quedó en pausa mientras el expediente avanza hacia instancias superiores.
La decisión fue adoptada por el juez de Instrucción Carlos Albarracín, quien interviene en la causa por presunta usurpación. El magistrado rechazó el pedido de sobreseimiento planteado por la defensa de las familias ocupantes, pero dispuso frenar de manera preventiva la ejecución del desalojo hasta que se resuelvan las apelaciones previstas.
De esta manera, la orden de restitución del inmueble continúa vigente, aunque su cumplimiento efectivo quedó diferido. La suspensión no tiene un plazo determinado y responde a la posibilidad de que la defensa recurra la resolución ante el juzgado de Recurso e incluso ante instancias superiores.
El eje del planteo judicial gira en torno a la naturaleza del delito investigado. El juez sostuvo que la usurpación constituye un delito de carácter permanente, por lo que la acción penal no puede considerarse prescripta mientras continúe la ocupación. Bajo ese criterio, desestimó uno de los principales argumentos de la defensa.
El inmueble en cuestión se encuentra cerrado desde 2016 por orden judicial, en el marco de la causa Hotesur-Los Sauces, en la que se investigaron presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas a la actividad hotelera de la familia Kirchner. Desde entonces, el establecimiento no retomó su actividad comercial.
En los últimos años, el edificio comenzó a ser ocupado de manera progresiva por familias, lo que derivó en la intervención de la Justicia y en el inicio de la causa por usurpación. Informes incorporados al expediente dan cuenta de la presencia estable de ocupantes y de modificaciones internas en el inmueble.
La situación también involucró al municipio de El Chaltén, que intervino para garantizar condiciones mínimas de habitabilidad. En ese marco, se realizaron instalaciones eléctricas provisorias para abastecer a quienes residen en el lugar.
De acuerdo a las actuaciones judiciales, actualmente habita el predio un número significativo de personas, lo que introduce un componente social relevante en la ejecución de cualquier medida de desalojo. El fallo reconoce la existencia de grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo menores y personas con problemas de salud.
En función de ese escenario, el juez ordenó la intervención de organismos provinciales y municipales para evaluar alternativas habitacionales y dispuso medidas complementarias, como la presencia policial permanente para evitar nuevas ocupaciones y la realización de peritajes técnicos sobre las condiciones edilicias del inmueble.
El proceso queda ahora sujeto a la revisión de instancias superiores, que deberán pronunciarse sobre los planteos de la defensa. Mientras tanto, la orden de desalojo se mantiene en pie, pero sin fecha de ejecución definida.