24 de junio de 2026
CHUBUT
Ordenan un nuevo juicio por contaminación ambiental contra directivos de una importante pesquera
El Superior Tribunal de Justicia provincial anuló la absolución de dos responsables de la planta de efluentes de Conarpesa y dispuso que otro tribunal vuelva a juzgar el presunto vertido de residuos industriales al Golfo Nuevo
El Superior Tribunal de Justicia de Chubut resolvió reabrir una de las causas ambientales más relevantes de los últimos años en la provincia al hacer lugar al planteo presentado por el Ministerio Público Fiscal y ordenar la realización de un nuevo juicio oral por presunta contaminación del Golfo Nuevo.
La decisión, adoptada por unanimidad, dejó sin efecto la sentencia absolutoria que había beneficiado a dos responsables de la planta de tratamiento de efluentes de la empresa pesquera Conarpesa. De esta manera, otro tribunal deberá volver a analizar la prueba producida durante el proceso y determinar si existieron responsabilidades penales por los hechos investigados.
La causa se originó a partir de una investigación que detectó la existencia de un sistema clandestino de descarga de líquidos industriales al mar sin el tratamiento correspondiente. Según la acusación, esa operatoria se habría desarrollado durante al menos dos jornadas de febrero de 2023 y habría provocado un impacto ambiental sobre las aguas del Golfo Nuevo.
Los imputados son Nadine Parry, identificada como responsable ambiental de la firma, y Josep Vargas, encargado de la planta de tratamiento de efluentes. Ambos fueron llevados a juicio bajo la acusación de haber permitido o no impedido el vertido de residuos líquidos que excedían ampliamente los parámetros establecidos por la normativa vigente.
Durante el debate oral, el fiscal Alex Williams sostuvo que la evidencia reunida permitía acreditar que los efluentes descargados al mar contenían niveles de contaminación muy superiores a los autorizados por la legislación ambiental.
Las pericias incorporadas al expediente indicaron que las muestras analizadas registraban concentraciones de materia orgánica que superaban ampliamente los límites permitidos. Mientras la normativa establece un máximo de 50 miligramos por litro, algunos análisis detectaron valores por encima de los 1.500 miligramos por litro.
Pese a esos elementos, la jueza Patricia Reyes resolvió absolver a los acusados. Esa decisión fue posteriormente impugnada por la Fiscalía, que cuestionó la interpretación jurídica realizada en la sentencia y sostuvo que el fallo presentaba contradicciones e insuficiencias en su fundamentación.
Al analizar el recurso, el Superior Tribunal coincidió con parte de esos planteos y resolvió anular la absolución, habilitando la realización de un nuevo juicio. La medida implica que toda la prueba deberá ser nuevamente valorada por magistrados distintos a los que intervinieron anteriormente.
La resolución no supone una condena anticipada para los acusados, pero sí representa un respaldo a la postura del Ministerio Público Fiscal respecto de la necesidad de revisar el análisis efectuado durante el primer debate.
Con la intervención del máximo tribunal provincial, el proceso judicial continuará ahora hacia una nueva instancia oral, donde la Fiscalía buscará volver a demostrar la existencia de descargas contaminantes y la responsabilidad de quienes estaban a cargo de la operación y control de la planta de efluentes de Conarpesa.