27 de julio de 2026
SANTA CRUZ
La protesta policial dejó su primera secuela judicial: Provincia denunció penalmente a efectivos
La Jefatura de Policía presentó denuncias contra agentes que participaron de las medidas de fuerza en El Calafate y Río Gallegos. La Justicia deberá determinar si existió incumplimiento de los deberes de funcionario público durante el conflicto que se extendió por más de 50 días
Aunque el conflicto salarial de la Policía y el Servicio Penitenciario de Santa Cruz llegó a una suerte de etapa de finalización con el levantamiento de los acampes y la reanudación de las tareas, el episodio abrió ahora un nuevo frente, esta vez en el ámbito judicial. La Jefatura de Policía avanzó con denuncias penales contra efectivos que participaron del denominado "quite de colaboración", al considerar que durante la protesta pudieron haber incumplido sus obligaciones funcionales.
La presentación fue realizada en el Juzgado de Instrucción de El Calafate por el jefe de Policía, Diego Agüero, junto al subjefe Luis Bordón y autoridades de la fuerza. De manera paralela, una denuncia de características similares también fue radicada en Río Gallegos contra personal que participó de las medidas en la capital provincial.
La acción judicial alcanza exclusivamente a efectivos policiales y no incluye al personal del Servicio Penitenciario, que también había protagonizado reclamos durante las últimas semanas.
Según la denuncia, los agentes señalados concurrían a sus lugares de trabajo vestidos de civil, pero se abstenían de desarrollar las tareas propias del servicio. Entre las conductas descriptas figuran la negativa a realizar patrullajes, cubrir consignas, atender requerimientos o cumplir funciones asignadas en las guardias, pese a las órdenes impartidas por la conducción de la fuerza para normalizar la actividad.
La Jefatura sostiene que esa conducta podría encuadrarse en el artículo 249 del Código Penal, que sanciona el incumplimiento de los deberes de funcionario público. La eventual existencia de ese delito deberá ser evaluada por la Justicia, que analizará si cada uno de los efectivos denunciados tenía un deber funcional concreto, la posibilidad material de cumplirlo y si existió una omisión deliberada de esas obligaciones.
Durante la protesta, que se prolongó durante más de cincuenta días, el nivel de adhesión fue elevado en distintas dependencias. De acuerdo con la información incorporada a la presentación judicial, en El Calafate la medida alcanzó aproximadamente al 70% del personal del Comando de Patrullas, al 80% de la Comisaría Primera y al 85% de la Comisaría Segunda.
La conducción policial sostiene que ese escenario redujo la capacidad operativa de la institución y obligó a reorganizar recursos internos, incorporando oficiales superiores y personal administrativo a tareas operativas, además de requerir el apoyo de fuerzas federales para garantizar la prestación del servicio de seguridad.
La denuncia también hace referencia a órdenes internas emitidas durante el conflicto que, según la Jefatura, no fueron acatadas por parte del personal involucrado. Esos elementos serán incorporados al expediente como parte de la fundamentación de la presentación.
El expediente ya fue remitido a la Fiscalía de Instrucción, que deberá expedirse sobre la existencia de elementos suficientes para impulsar la investigación penal. Recién después de esa instancia el Juzgado resolverá si corresponde avanzar formalmente con la causa.
En caso de prosperar una imputación y eventualmente una condena por el delito previsto en el artículo 249 del Código Penal, los efectivos involucrados no solo afrontarían las sanciones penales previstas por la legislación, sino que también podrían enfrentar consecuencias administrativas que afectarían su permanencia dentro de la fuerza.