14 de septiembre de 2026
GRAVE
Santa Cruz clausuró ocho sectores de una mina de Newmont por irregularidades
El Gobierno provincial frenó actividades en distintos puntos del yacimiento Cerro Negro tras detectar incumplimientos laborales y de seguridad que calificó como “muy graves”. También denunció maniobras para eludir controles sobre vehículos y exigió el cumplimiento del régimen de empleo local
El Gobierno de Santa Cruz dispuso la clausura de ocho sectores del yacimiento Cerro Negro, operado por la minera Newmont en cercanías de Perito Moreno, luego de una serie de inspecciones en las que detectó irregularidades vinculadas con las condiciones de seguridad y el funcionamiento de la operación. Las medidas fueron adoptadas por la Secretaría de Estado de Trabajo y alcanzaron áreas consideradas críticas dentro de la explotación subterránea.
Los controles estuvieron encabezados por el secretario de Trabajo, Javier Aravena, junto al ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, con participación de efectivos policiales y organismos vinculados al transporte. De acuerdo con la información difundida por la Provincia, la inspección derivó en actas y en un sumario administrativo. Mientras se sustancia el procedimiento, la empresa desmovilizó al personal involucrado con goce de haberes.
Uno de los principales puntos señalados por las autoridades fue la circulación de vehículos dentro de la mina. Aravena afirmó que durante una inspección nocturna se detectaron unidades que habían sido trasladadas al interior del yacimiento cuando el personal estatal regresaba acompañado por verificadores policiales. Según la versión oficial, la maniobra habría dificultado el control de la documentación exigida para circular.
La Provincia también puso el foco en un camión utilizado para transportar combustible hacia sectores subterráneos. Según explicó Aravena, el vehículo carecía de la Revisión Periódica Obligatoria (RPO), pese a que ingresaba a una zona situada aproximadamente 300 metros bajo tierra donde trabajan operarios. El funcionario consideró especialmente riesgosa la combinación entre el transporte de sustancias peligrosas y las condiciones propias de una operación minera subterránea.
Las inspecciones incluyeron además los elementos y dispositivos utilizados por los trabajadores durante el descenso. Aravena relató que uno de los sistemas de alerta comenzó a emitir señales durante una de sus recorridas y vinculó ese episodio con la eventual presencia de gases. En una segunda inspección, sostuvo haber percibido condensación y condiciones ambientales que, según su descripción, justificaron profundizar los controles sobre la seguridad de los trabajadores.
A partir de esas observaciones, Trabajo calificó determinadas situaciones como faltas “muy graves” y ordenó el cese preventivo de actividades en ocho sectores. El Gobierno aclaró que la reapertura dependerá de la corrección de las irregularidades detectadas y de la sustanciación de las actuaciones correspondientes. Las autoridades prevén además conformar una mesa de trabajo con la empresa para evaluar las condiciones necesarias para retomar las operaciones alcanzadas por las medidas.
El conflicto excedió las cuestiones estrictamente vinculadas con la seguridad minera. Aravena también reclamó el cumplimiento de las normas provinciales sobre contratación de trabajadores locales, particularmente del régimen conocido como 70/30. El funcionario cuestionó la incorporación de personal proveniente de otras jurisdicciones y planteó que la expansión de la actividad minera debe traducirse también en oportunidades laborales para los habitantes de Santa Cruz.
La postura fue respaldada públicamente por el gobernador Claudio Vidal, quien defendió las inspecciones y reivindicó el papel del Estado provincial como autoridad de aplicación. “La prioridad de este Gobierno es defender a nuestros trabajadores, resguardar su integridad física, generar mano de obra local y cuidar el medio ambiente”, afirmó al ser consultado por los controles realizados sobre la operación de Newmont.
Vidal sostuvo además que Santa Cruz mantiene una posición favorable al desarrollo productivo, pero diferenció ese respaldo de la posibilidad de flexibilizar los controles. Según planteó, las empresas que desarrollan actividades dentro de la provincia deben cumplir las normas laborales, ambientales y de seguridad vigentes.
Aravena, en tanto, salió al cruce de las críticas que recibió la intervención provincial y rechazó que las medidas constituyan un ataque contra Newmont. El funcionario sostuvo que el objetivo de los controles es preservar la integridad de los trabajadores y remarcó que la actividad minera no queda exenta de las obligaciones establecidas por la legislación provincial.
La magnitud de las medidas convierte al operativo en una señal fuerte para uno de los sectores productivos centrales de Santa Cruz. Cerro Negro es una operación minera de gran escala y cualquier interrupción preventiva en sectores de la explotación puede tener impacto sobre la actividad, aunque la Provincia planteó que el levantamiento de las clausuras quedará atado a la solución de las observaciones realizadas.
Por ahora, el conflicto queda abierto en dos planos: el administrativo, con las actas y el sumario que deberán determinar el alcance de las irregularidades detectadas, y el operativo, con una mesa de trabajo que deberá definir las condiciones para reanudar las actividades suspendidas. El Gobierno provincial dejó así planteado que el acompañamiento a la minería continuará condicionado al cumplimiento de las normas de seguridad, empleo local y protección de los trabajadores.
Un conflicto de alcance internacional
Según transcendió en medios locales, el conflicto llegó hasta la Embajada de Estados Unidos, desde donde se habría hecho saber al Gobierno nacional el descontento por el modo en que fue tratada la empresa durante el conflicto. La situación adquiere especial relevancia debido al origen estadounidense de Newmont y al peso que la compañía tiene dentro del esquema minero de Santa Cruz.
La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), la Cámara Minera de Santa Cruz (CAMICRUZ) conocen la situación y siguen con atención la evolución del conflicto. También fue informado el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero.
Las seccionales santacruceñas de AOMA y ASIMRA expresaron su respaldo a las inspecciones realizadas por el Gobierno provincial y remarcaron que la seguridad y la salud de los trabajadores deben ser una prioridad.