8 de abril de 2026
SANTA CRUZ
La Cámara Federal confirmó el cierre de la causa por contrataciones en YCRT
El tribunal descartó la existencia de delito en las incorporaciones realizadas en 2019 durante la intervención de Omar Zeidán de la empresa. Sin embargo, la situación de los trabajadores involucrados sigue abierta por la vía administrativa
La Cámara Federal de Apelaciones resolvió cerrar de manera definitiva la causa penal que investigaba las incorporaciones de personal en Yacimientos Carboníferos Río Turbio durante los últimos días de la intervención encabezada por Omar Faruk Zeidán en 2019.
El fallo, firmado por los camaristas Pablo D. Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, confirmó el sobreseimiento de los imputados al considerar que no se reunieron pruebas suficientes para acreditar la comisión de delitos contra la administración pública ni un perjuicio económico concreto para el Estado.
La investigación se había iniciado a partir de una denuncia presentada por Aníbal Fernández, quien al asumir la conducción de la empresa en 2020 cuestionó la incorporación de 417 trabajadores a planta permanente. Según ese planteo, las designaciones se habían concretado en los días previos al cambio de gobierno y no respondían a necesidades operativas reales.
En ese contexto, la nueva gestión resolvió dejar sin efecto los ingresos, lo que derivó en un conflicto laboral que se extendió en el tiempo y que quedó identificado como el caso de “los 417”.
Sin embargo, el análisis judicial avanzó en una dirección distinta. La pericia contable incorporada al expediente no logró demostrar un daño patrimonial concreto, uno de los elementos centrales para sostener las figuras penales investigadas. A esto se sumó la evaluación de la evolución de la planta de personal durante el período, donde se verificó una reducción neta de trabajadores en el balance general de la intervención.
Los jueces también tuvieron en cuenta el contexto operativo de la empresa en ese momento, incluyendo las exportaciones de carbón registradas en 2019 y la implementación de programas de retiros voluntarios que, según consta en la causa, generaron un impacto en la estructura de costos.
Con estos elementos, el tribunal concluyó que no se configuraban los delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad ni incumplimiento de los deberes de funcionario público, por lo que resolvió confirmar el cierre de la causa en el ámbito penal.
Más allá de la definición judicial, el trasfondo del conflicto permanece abierto. Según reportó el medio local Patagonia Nexo, grupo de los trabajadores afectados por la revocación de sus designaciones mantiene reclamos en la esfera administrativa y no descarta avanzar con nuevas acciones judiciales en busca de su reincorporación o el reconocimiento de derechos laborales.