18 de agosto de 2026
SANTA CRUZ
El Gobierno Provincial y el TSJ profundizan el choque por la salida de tres vocales
El Ejecutivo defendió la aplicación del Decreto 608, las magistradas intimaron a la Caja de Previsión para que anule las resoluciones y la disputa volvió a poner en tensión la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial tras la ampliación del máximo tribunal
La decisión de jubilar a tres vocales del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz abrió un nuevo frente de conflicto institucional en la provincia. Lo que comenzó como una resolución de la Caja de Previsión Social terminó derivando en una disputa sobre los límites entre los poderes del Estado, con el gobernador Claudio Vidal defendiendo la medida, las magistradas rechazando su salida del cargo y una discusión jurídica centrada en el alcance del Decreto 608 y la garantía constitucional de inamovilidad.
Las vocales Reneé Fernández, Alicia Mercau y Paula Ludueña integraban el máximo tribunal antes de la ampliación que elevó de cinco a nueve el número de integrantes del TSJ. Ahora, su situación vuelve a colocar a la Justicia santacruceña en el centro de la escena política.
El detonante fue la decisión de la Caja de Previsión Social de otorgarles el beneficio jubilatorio mediante la aplicación del Decreto 608/2024, una norma impulsada por el Ejecutivo para ordenar los trámites previsionales de quienes ya reunían los requisitos para acceder a la jubilación.
Las tres juezas fueron notificadas de la resolución y respondieron con cartas documento en las que exigieron que el organismo deje sin efecto las decisiones en un plazo de 24 horas, bajo advertencia de iniciar acciones judiciales.
Su representante legal, Fernando Tanarro, sostuvo que el procedimiento resulta incompatible con el artículo 128 de la Constitución provincial, que establece que los integrantes del Tribunal Superior permanecen en sus cargos mientras conserven buena conducta y solo pueden ser removidos mediante juicio político.
La defensa planteó que iniciar un trámite jubilatorio no equivale a expresar la voluntad de abandonar el cargo y consideró que el decreto convierte un beneficio previsional en una jubilación compulsiva.
Según ese planteo, el Poder Ejecutivo no puede, mediante una reglamentación administrativa, producir el cese de magistrados protegidos por una garantía constitucional.
Del otro lado, el Gobierno provincial rechazó esa interpretación y defendió el mecanismo aplicado por la Caja.
Tras inaugurar los invernaderos hidropónicos de Santa Cruz Puede, Vidal cuestionó las críticas formuladas desde sectores opositores y vinculó la polémica con una resistencia a las transformaciones impulsadas en el Poder Judicial.
El gobernador sostuvo que parte de la dirigencia política continúa actuando como si los recursos públicos fueran propios y consideró que ese comportamiento responde a prácticas instaladas durante décadas en la provincia.
También afirmó que el Tribunal Superior comenzó una etapa de auditorías en distintos juzgados del territorio santacruceño, con revisiones administrativas que, según indicó, ya detectaron demoras en expedientes e irregularidades en algunos organismos judiciales.
En ese marco, pidió confianza en que los cambios continuarán avanzando y confirmó que todavía no están definidos los reemplazos para las vocalías alcanzadas por la controversia.
Mientras tanto, la Caja de Previsión salió a respaldar el procedimiento aplicado. Su presidente, Pablo Pérez, aseguró que el organismo no inició los expedientes de oficio ni obligó a ninguna persona a jubilarse, sino que resolvió trámites que habían sido iniciados voluntariamente y que cumplían con los requisitos previstos por la Ley 1782.
Según explicó, el Decreto 608 regula qué ocurre cuando una persona solicita la jubilación, obtiene el beneficio y el cese efectivo del cargo todavía no se concreta, incluso contemplando la posibilidad de una prórroga de hasta 180 días hábiles cuando existan razones de servicio.
El titular de la Caja también remarcó que existen más de 300 personas en una situación administrativa similar y diferenció el reconocimiento del beneficio previsional de la eventual continuidad en funciones dentro del Poder Judicial.
La controversia llega apenas días después de otro episodio que involucró a las mismas magistradas. La Sala Acusadora de la Legislatura rechazó por nueve votos contra dos el pedido de juicio político promovido contra Fernández, Mercau, Ludueña y Fernando Basanta, en una votación secreta que evidenció la falta de respaldo suficiente para avanzar con el proceso.
Ahora, el conflicto se trasladó del terreno legislativo al constitucional. La respuesta que emita el Tribunal Superior como empleador de las magistradas, junto con la posición que adopte la Caja frente a las intimaciones, será determinante para definir si la disputa se resuelve administrativamente o vuelve a escalar hacia una nueva batalla judicial sobre la independencia del Poder Judicial santacruceño.